La intromisión, espionaje y violaciones a la soberanía de México por parte de la DEA son consecuencia directa del incremento en el número de sus agentes y personal técnico administrativo, autorizado por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante sus administraciones, la narcocorrupción fue aprovechada por Washington, que consiguió la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para elevar el número de agentes de la DEA de 54 a 70 y el de técnicos administrativos de 32 a 41.
Un documento de la SRE, revelado por la revista Proceso, expone cómo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto ocultaron las concesiones otorgadas a la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.
Hasta la fecha de publicación de este informe, se sabía públicamente que la DEA operaba en México con 54 agentes y 32 técnicos administrativos, incluidos analistas y especialistas en tecnología de espionaje y equipos computarizados.
En un lapso de 10 años, la DEA logró que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto permitieran la incorporación de 16 nuevos agentes antinarcóticos estadounidenses, quienes operaron libremente en todo el territorio mexicano, sólo para traicionar posteriormente a sus aliados. Actualmente, la DEA cuenta con 111 elementos en México, los cuales, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, están regulados y deben entregar un informe mensual de sus actividades a la Cancillería, conforme a la Ley de Seguridad.
El aumento de la presencia de la DEA en México facilitó su injerencia y traición a Calderón y Peña Nieto, justificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la lucha contra el narcotráfico y la narcocorrupción. Calderón y Peña Nieto, confiados en la colaboración de la DEA, jamás imaginaron que los agentes estadounidenses destaparían sus fallos y complicidades en la guerra contra las drogas.
La DEA dejó pasar siete años antes de asestar a Calderón un golpe del que no se recuperaría: el 9 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas, fue arrestado por narcotráfico su amigo y secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Casi dos años después de concluir el sexenio de Peña Nieto, la DEA detuvo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, por cargos de colusión con el narcotráfico.
García Luna será sentenciado el 24 de junio próximo por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Por intervención del gobierno de López Obrador, la Corte desestimó las acusaciones contra Cienfuegos el 18 de noviembre de 2020, y fue repatriado a México.
Estos casos ilustran cómo el incremento de agentes y personal técnico de la DEA permitió realizar operaciones de espionaje y la intervención de comunicaciones en México. Como se demostró en el juicio contra García Luna, la DEA interceptó y grabó conversaciones de miembros de dos gabinetes presidenciales y posiblemente de los propios mandatarios.
La amenaza del gobierno de López Obrador de expulsar a los 70 agentes de la DEA de México aceleró la decisión de Washington de desestimar los cargos contra Cienfuegos. Desde el 26 de octubre de 1992 hasta abril de 2020, la presencia de la DEA en México se regía por las “Reglas Específicas para Normar las Actividades de los Agentes y Técnicos Especializados” definidas por la SRE, estableciendo un máximo de 39 agentes y 32 técnicos.
Desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la DEA tenía objetivos de injerencia en México, condicionados al avance en la lucha contra el narcotráfico.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0013 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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