La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender la resolución y tramitación de todos los juicios de amparo en revisión o de segunda instancia relacionados con la imposición de la prisión preventiva oficiosa para los delitos enumerados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Esta medida fue aprobada en la sesión privada del pasado lunes con el objetivo de que los tribunales federales colegiados esperen los criterios que establecerá la SCJN.
La ministra Lenia Batres Guadarrama indicó, a través de una tarjeta informativa, que la suspensión es una medida precautoria mientras la SCJN se prepara para resolver varios juicios constitucionales que definirán los alcances de la prisión preventiva en relación con las convenciones internacionales.
En consecuencia, los tribunales colegiados y los Plenos de Circuito deberán abstenerse de emitir sentencias o resoluciones sobre los límites de la prisión preventiva oficiosa o justificada, especialmente tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en enero de 2023 condenó al Estado mexicano a modificar sus leyes al respecto.
La SCJN busca prevenir que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos contradictorios con el criterio general que establecerá el máximo tribunal. En la sentencia del caso “Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México”, la Corte IDH declaró que el artículo 19 de la Constitución, al imponer la prisión preventiva basada en una simple acusación por ciertos delitos, constituye una pena anticipada que viola la presunción de inocencia y los derechos humanos, al imponer la prisión preventiva de manera automática.
El artículo 19 de la Constitución mexicana establece que la prisión preventiva oficiosa se aplica para delitos como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso indebido de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, sustracción ilegal de combustibles, desaparición forzada, delitos cometidos con armas y explosivos, y tráfico de drogas.
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