Ecuador demanda a México por injerencia política y asilo ilegal de Jorge Glas

Ecuador presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, acusando a México de otorgar asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas de manera ilegal.

Esta acción tomada por Ecuador, marca un nuevo episodio en la tensión entre ambos países, desencadenado por el arresto de Glas dentro de la embajada mexicana en Quito. La disputa comenzó cuando la policía ecuatoriana detuvo al exvicepresidente ecuatoriano, lo que llevó a una escalada diplomática y posterior ruptura de relaciones.

De acuerdo con información de El Universo, los especialistas en derecho internacional indicaron que la opción más lógica para Ecuador sería interponer una contrademanda contra México, basada en los factores que desencadenaron los sucesos que culminaron con la entrada no autorizada a la embajada de México el pasado 5 de abril.

Ecuador presentó tres cargos contra México, incluyendo el incumplimiento de normas de asilo político y diplomático, así como convenciones anticorrupción suscritas por ambos países.

Los especialistas manifestaron que el caso de Ecuador podría basarse en la presunta interferencia del Gobierno mexicano, manifestada a través de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que podrían haber tenido un impacto en la estabilidad política de Ecuador.

El proceso en la CIJ implica que solo los Estados pueden ser partes en el caso, representados por el ministro de Asuntos Exteriores o el embajador correspondiente en Países Bajos. Se llevarán a cabo audiencias públicas, seguidas de la fase escrita y oral.

La CIJ comenzará a escuchar los argumentos de ambos países a partir del martes 30 de abril, como parte del proceso legal iniciado por México. Una vez concluida la fase de alegatos orales, la CIJ se retirará a deliberar en privado y luego anunciará el fallo en una audiencia abierta al público.

Las decisiones de la CIJ son finales, obligatorias para las partes involucradas y no pueden ser apeladas. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas están obligados a acatar cualquier fallo de la Corte en los casos en los que sean partes.

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