La Secretaría de Gobernación (SEGOB), en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmó el hallazgo de restos humanos en la mina Pasta de Conchos después de 18 años.
A través de un comunicado, la titular de la SEGOB, Luisa María Alcalde Luján, detalló que los restos fueron hallados a una profundidad de 146 metros, corroborando registros históricos que indicaban la presencia de 13 de los 63 mineros atrapados en esa zona. Junto con los restos humanos, se encontraron diversos instrumentos de trabajo.
A partir de ahora, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), iniciarán los protocolos para identificar los restos humanos y realizar los peritajes necesarios para determinar las causas del accidente.
La Secretaría de Gobernación reiteró el compromiso del Gobierno de México para continuar estos trabajos con total responsabilidad y mantener una comunicación abierta y directa con los familiares de las víctimas, dada la sensibilidad del asunto.
La noticia, que representa un logro significativo para las familias afectadas, fue celebrada por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), la cual ha encabezado la demanda de #RescateYa desde el trágico accidente ocurrido en 2006.
La OFPC y las organizaciones acompañantes instaron a las autoridades a garantizar que la recuperación de los restos se realice de manera segura y respetuosa. Subrayaron la importancia de proteger y preservar los restos con precisión científica, proporcionar certeza a los familiares y asegurar una restitución digna.
El compromiso de continuar los trabajos de rescate de todos los mineros atrapados fue reiterado por las familias y las organizaciones involucradas, enfatizando la necesidad de seguridad y bienestar para los mineros y sus familias en la región carbonífera.
Las familias recordaron la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de finalizar el rescate antes del término de su administración y de emitir un decreto para asegurar el presupuesto necesario si no se lograba. Además, destacaron la importancia de seguir con el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de los derechos de los trabajadores fallecidos.
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