Como parte de la coyuntura política y electoral en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden anunció el pasado 4 de junio severas medidas restrictivas para miles de personas que intentan pedir refugio al llegar a la frontera sur del país.
Según estas nuevas disposiciones, la frontera se “cierra” para solicitantes de refugio cuando el número de arribos supere los dos mil 500 en promedio diario durante una semana. En condiciones de “cierre”, nadie podrá hacer petición de refugio, salvo casos excepcionales, como menores no acompañados.
Toda persona intentando cruzar irregularmente, incluso presentándose en algún puerto fronterizo sin autorización previa, queda sujeta a retornos a México, a repatriaciones inmediatas e incluso a sanciones adicionales.
Cabe señalar que el “cierre” fronterizo instrumentado por Biden se ha interpretado como una estrategia política ante las elecciones, en las que se juega su reelección o bien el retorno al poder de Donald Trump, ya que la manipulación ideológica mediante la migración para lograr objetivos electorales es una constante en el discurso político estadounidense, como se evidenció durante los ocho años del mandato de Trump.
Desde el 5 de junio, estas medidas han resultado en abiertas violaciones a los derechos de las poblaciones refugiadas, que sin mayor trámite están siendo retornadas a México o deportadas a sus países en escala ampliada.
En las ciudades fronterizas mexicanas, las previsiones son insuficientes y no hay un horizonte definido para su estancia formal, lo que plantea desafíos humanitarios y jurídicos ante esta situación.
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