Llamó mi atención el comentario que hizo el presidente el pasado día dieciocho de enero respecto a la disminución en la percepción de inseguridad que señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre de 2023. Según la reciente ENSU, el 59.1% de la población se siente insegura en las ciudades en donde viven.

Tanto el presidente como sus aplaudidores celebraron y vendieron la idea como un logro de gobierno, ya que en su versión no sólo se trata de la percepción de inseguridad más baja en diez años, sino que hubo una reducción de 14.6% respecto a los inicios de esta administración. Obviamente se trata de una estrategia alevosa para presentar información en su foro diario de desinformación que es la mañanera… pero vamos por partes.

Primeramente: no quiero que esto se malentienda, ya que no está mal que se haya reducido la percepción de inseguridad, pero tampoco debe de venderse como un logro, ya que debe de tomarse por lo que es: un indicador subjetivo, es decir, algo que parte de lo que una persona capta con sus sentidos y no constituye una verdad respecto a lo que está pasando en realidad, cuestión que reflejan los indicadores objetivos. No significa que los indicadores subjetivos no tengan su peso, ya que las y los expertos los toman en cuenta para hacer una consideración integral, pero no nos podemos basar en ellos para decir que un gobierno cumple o no con sus funciones en materia de seguridad.

La percepción refleja el sentir y pensar que la ciudadanía, con independencia de que esté fundado o no en datos objetivos… ¡Y ello puede variar has por las noticias o las circunstancias particulares que esté pasando la sociedad! Tomemos como ejemplo lo que pasó en la pandemia ocasionada por el Covid-19: según datos de la misma ENSU del INEGI, el 73% de los mexicanos en marzo de 2021 se sentía inseguro, y después del confinamiento, en septiembre de 2021 fue del 68%, siendo que los delitos no se redujeron. La gente por estar encerrad dijo sentirse más segura, pero no por ello disminuyeron los delitos, al contrario: aumentaron y han seguido aumentando.

El pasado 2023, esta administración rompió récord con un total de 160,594 homicidios, superando a los pasados sexenios priístas y panistas, que respectivamente acumularon 156,066 asesinatos, y 120 mil 463. Jamás podrá ser motivo de celebración el hecho de que haya más homicidios hoy que hace 18 años.

Coincido con analistas y expertos que afirman que la violencia baja en algunos meses y que sube en otros, pero que la tendencia general es al alza. No por ello, según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México contó el año pasado 30.523 asesinatos. Hay incrementos, decrementos y por supuesto, cifras negras.

La tendencia seguirá al alza mientras esta administración no se abra frentes estratégicos con los delincuentes, no hace más que escudarse con discursos elaborados por sus Goebbels oficialistas que no salen de lo mismo: atacar supuestas causas de la criminalidad mientras desalojan a familias enteras en Zacatecas, truenan balazos todo el día en Michoacán o reclutan a niños para unirse a las filas del crimen organizado en Chiapas.

Pero el insufrible problema de inseguridad que vivimos en tiempos de la 4T debe ser visto también como un lastre que heredó la vieja política a la ciudadanía. Las agendas divergentes entre los mismos grupos de poder afines siguen dificultando la implementación de soluciones.