En su reciente Evaluación Nacional de las Drogas 2024, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) emitió acusaciones preocupantes sobre la corrupción en México, señalando que el crimen organizado se infiltró tanto al Ejército como a funcionarios del gobierno, lo que permite que opere con relativa impunidad en el país.
Según la DEA, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en el centro de esta situación, especialmente en lo que respecta a la crisis de drogas sintéticas en Estados Unidos, con un enfoque particular en el fentanilo y la metanfetamina.
Ambos grupos delictivos son señalados por operar laboratorios clandestinos en México y por tener una amplia red de distribución de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo la utilización de redes sociales para la venta y el uso de sistemas bancarios ilegales con base en China para el lavado de dinero.
En cuanto al Cártel de Sinaloa, la DEA menciona que este puede operar libremente en algunas partes de México gracias a una red de contactos corruptos que incluye a policías, militares y políticos. La DEA hizo mención específica del caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien fue condenado en Nueva York por tráfico internacional de drogas y conspiración, utilizando su posición para ayudar al Cártel de Sinaloa en el tráfico de cargamentos de drogas a cambio de millones de dólares.
“García Luna utilizó su posición oficial para ayudar al Cártel de Sinaloa a traficar cargamentos de drogas en cantidades de varias toneladas, principalmente cocaína y heroína, a Estados Unidos a cambio de millones de dólares”, relata el informe.
Por otro lado, en lo que se refiere al CJNG, la DEA destacó que sus sobornos han alcanzado a funcionarios de todos los niveles, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que le ha permitido fabricar y traficar drogas con relativa impunidad.
La DEA indicó que durante sus diez años de operación, el cartel ha dirigido ataques contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la policía, incluyendo el derribo de un helicóptero del Ejército con seis soldados muertos, en el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y el ataque contra el convoy del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la frontera con México.
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