Los gobernadores de los 32 estados de México se unieron para expresar su preocupación ante la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa.
A través de un Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigido a la presidenta del tribunal, Norma Piña Hernández, los 32 mandatarios estatales enfatizaron las potenciales consecuencias de esta medida.
Los gobernadores señalaron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría tener un grave impacto en la seguridad pública del país. Argumentaron que esta medida es crucial para delitos de alto impacto y con clara repercusión social, y que su abolición podría debilitar la capacidad del sistema judicial para combatir el crimen, garantizar un proceso penal adecuado, proteger a las víctimas y evitar la impunidad.
“Por ello, hacemos un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos, por tanto, la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad de nuestros gobernados”, se lee en el documento firmado por los 32 mandatarios estatales.
Además, los mandatarios estatales advirtieron sobre una propuesta discutida en la Corte que no solo busca eliminar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar órdenes de arraigo y requerir investigaciones independientes en casos de denuncias de tortura, excluyendo la participación de autoridades penitenciarias o de detención.
En el documento, también hicieron un llamado a mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, particularmente en referencia a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual cuestionó la mencionada medida cautelar.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, enfatizaron.
En caso de que esta propuesta sea aprobada, tendría efectos generales y sería de obligatorio cumplimiento para todos los jueces del país, tanto a nivel estatal como federal.
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