El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estimado que el costo aproximado de llevar a cabo el proceso de elección propuesto por el Ejecutivo federal para renovar a todo el Poder Judicial de la Federación (PJF) rondaría los 22 millones de pesos.
En el contexto de las elecciones de 2024, donde se disputaron más de 19 mil puestos de elección popular, el CEC ha realizado un cálculo preliminar considerando el número potencial de jueces a seleccionar. Este proceso de elección judicial, según sus estimaciones, tendría un costo aproximado de 22 millones de pesos.
El CEC ha advertido que esta propuesta representa una afectación presupuestaria innecesaria, ya que existen mecanismos más efectivos y razonables para la selección de jueces, los cuales garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar esos recursos a mejoras sustantivas en la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado.
Los analistas de la SCJN han señalado que la orden contenida en la iniciativa de reforma, que implica la renuncia anticipada de los jueces, viola los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría resultar en demandas contra el Estado mexicano por parte de los jueces afectados.
La propuesta de remover a toda la judicatura mexicana implicaría el despido de cerca de 1,700 jueces federales y más de 5,000 jueces estatales, lo que podría generar una presión significativa sobre el sistema de justicia. Existe la posibilidad de que alrededor de 6,700 personas presenten demandas laborales. Además, la situación económica podría complicarse con la necesidad de otorgar pensiones o indemnizaciones.
El CEC también advierte que muchos de estos casos podrían llegar a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, con el riesgo de sentencias desfavorables para el Estado mexicano. Asimismo, la propuesta podría generar un alto costo laboral debido a la obligación de indemnizar a los jueces por la afectación a sus derechos laborales y a la estabilidad en sus cargos.
El riesgo de despidos injustificados para el personal sindicalizado de juzgados y tribunales es elevado. Es probable que el personal judicial de apoyo no sea evaluado por la calidad de su trabajo, sino por afinidades ideológicas o criterios políticos, lo que representa un peligro significativo para la integridad del sistema judicial.
En el Poder Judicial de la Federación trabajan alrededor de 50,000 personas, y un despido masivo podría resultar en una cantidad inusitada de demandas laborales, además de una compleja operación financiera para el pago de seguros de separación y otras prestaciones derivadas de la violación de derechos laborales.
En cuanto a la renuncia de ministros, desde la reforma de 1994 en la SCJN, ningún ministro había renunciado hasta 2019, cuando Eduardo Medina Mora lo hizo, seguido en 2023 por Arturo Zaldívar. En ambos casos, no había reglas claras sobre los derechos de retiro de los ministros, si podían unirse a proyectos políticos, como hizo Zaldívar al integrarse a la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
Estas renuncias permitieron al presidente Andrés Manuel López Obrador proponer ternas al Senado para nombrar nuevos ministros, como ocurrió con Margarita Ríos Farjat, que sustituyó a Medina Mora, y con Lenia Batres Guadarrama, quien reemplazó a Zaldívar y fue designada directamente por el presidente.
La iniciativa de reforma no aborda los problemas evidenciados por las renuncias de Medina Mora y Zaldívar. Sin embargo, establece que ante la vacante de un ministro por más de un mes, el presidente presentará una terna al Senado para elegir un ministro interino hasta la siguiente elección ordinaria. Similarmente, la vacante de un magistrado de Circuito o juez de Distrito será cubierta mediante una terna propuesta por el órgano de administración judicial, con la elección a cargo del Senado.
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