Minerva Herlinda Mendoza Cruz, juez Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite el primer amparo contra la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena, que restringe la capacidad de los jueces para conceder suspensiones que frenen la entrada en vigor de leyes emitidas por el Congreso de la Unión.
La demanda fue presentada por el abogado Luis Miguel Cano López, especializado en la defensa de derechos humanos, quien argumentó que la reforma vulnera su derecho al amparo. Cano López solicitó una suspensión para evitar la entrada en vigor de la reforma, pero la juez negó esta medida. Será hasta el próximo 27 de junio cuando se determine si se concede la suspensión definitiva.
La reforma, publicada el 14 de junio por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, y adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía. Estas modificaciones limitan a los jueces de amparo a conceder suspensiones únicamente para favorecer a los quejosos, impidiendo que estas se extiendan a toda la población, incluso si las leyes son inconstitucionales o representan un riesgo para los derechos humanos.
En su resolución, la juez Mendoza Cruz citó a las autoridades responsables, incluyendo las cámaras de Diputados y Senadores, así como al presidente de la República, para que presenten sus informes justificados en un plazo de 15 días. La audiencia constitucional se programó para el 1º de agosto, con el objetivo de decidir si se concede el amparo solicitado.
Antes de la reforma, los jueces de amparo podían otorgar suspensiones con efectos generales para evitar daños mayores a la sociedad, bajo el argumento de que un trato desigual podría perjudicar a la comunidad en su conjunto. Con la nueva legislación, esta práctica fue eliminada, obligando a los jueces a aplicar la reforma y restringiendo las suspensiones únicamente a los individuos que inicien los juicios de amparo.
La juez Mendoza Cruz advirtió a las autoridades que, en caso de no presentar sus informes justificados o no remitir las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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