La detención de Fernando Luis Esquer Díaz ha generado un impacto significativo en la opinión pública de Baja California debido al cargo de alta jerarquía que ocupó dentro de la administración pública estatal. Esquer Díaz fungió como Director de Servicios Generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), una posición clave para la logística y el mantenimiento de la infraestructura de salud en la entidad.
El arresto ocurrió durante la segunda semana de marzo de 2026 en el puerto de entrada de Calexico, California, frontera directa con Mexicali. De acuerdo con los registros judiciales de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, Esquer Díaz conducía un vehículo particular cuando fue remitido a una inspección secundaria por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Durante la revisión exhaustiva, un binomio canino (K9) alertó a los oficiales sobre irregularidades en la estructura del automóvil. Tras una inspección física y el uso de equipo tecnológico, se localizaron compartimentos ocultos en diversas áreas del vehículo, incluyendo los paneles de las puertas y el área de la cajuela. En total, se extrajeron 149 paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia blanca y cristalina que dio positivo a metanfetamina en las pruebas de campo. El peso total del narcótico se estimó en 154 libras (aprox. 70 kilogramos), un cargamento con un valor de mercado ilegal de miles de dólares.
Tras el hallazgo, Esquer Díaz fue puesto a disposición de las autoridades federales estadounidenses. El 12 de marzo, se llevó a cabo una audiencia preliminar presidida por la jueza magistrada Michelle M. Pettit. Durante la sesión, la fiscalía presentó los cargos relativos a la violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, específicamente por la importación de una sustancia controlada.
Debido al volumen de la droga incautada y al riesgo de fuga, la jueza determinó que el imputado deberá permanecer bajo custodia federal en un centro de detención en California. Se le negó el beneficio de la libertad bajo fianza. La siguiente etapa procesal, que consiste en la lectura formal de cargos y la presentación de pruebas adicionales, está programada para el 26 de marzo de 2026. De ser encontrado culpable, el exfuncionario podría enfrentar penas que oscilan entre los 10 años de prisión y la cadena perpetua, dependiendo de los agravantes del caso.
El Gobierno del Estado de Baja California y la actual dirección de ISSSTECALI emitieron un pronunciamiento oficial para clarificar el estatus laboral de Esquer Díaz. La institución enfatizó que el ahora detenido no mantiene ninguna relación laboral vigente con el instituto, precisando que su baja ocurrió hace más de un año.
No obstante, el caso ha reabierto el escrutinio sobre los procesos de control de confianza aplicados a funcionarios que manejan recursos y logística estatal. Durante su gestión en Servicios Generales, Esquer Díaz tenía bajo su responsabilidad la gestión de activos, contratos de mantenimiento y suministros para la red hospitalaria, lo que ha llevado a las autoridades locales a revisar de manera interna las bitácoras y procesos que estuvieron bajo su mando para descartar cualquier otra irregularidad administrativa.
Este incidente se suma a una serie de detenciones de exservidores públicos en la región fronteriza involucrados en delitos de orden federal en el país vecino, subrayando la vigilancia intensificada por parte de las agencias de seguridad estadounidenses en los cruces internacionales hacia California.
