Bajo la consigna #NoAlPadrón, colectivos especializados en derechos digitales, libertad de expresión y protección de datos personales sostienen que la medida representa un grave retroceso para la privacidad en México y coloca al país en una ruta similar a la de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, China o los Emiratos Árabes Unidos, donde este tipo de registros centralizados forman parte de los mecanismos de control estatal