La propuesta de reforma al artículo 127 de la Constitución que busca establecer límites a las pensiones y jubilaciones o “pensiones doradas” en entidades públicas ha provocado una fuerte reacción de la Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C., organización que agrupa a extrabajadores de confianza de la extinta Luz y Fuerza del Centro. A través de un pronunciamiento nacional dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jubilados alertaron que la iniciativa podría vulnerar derechos laborales adquiridos y generar un precedente que afectaría la certeza jurídica de millones de trabajadores.
En su posicionamiento público, el grupo de jubiladas y jubilados de confianza de la desaparecida empresa eléctrica sostuvo que el sector energético ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo económico del país. Recordaron que, antes de su desaparición en 2009, Luz y Fuerza del Centro suministraba energía eléctrica a cerca de seis millones de usuarios —entre industriales, comerciales y domésticos— en la región central de México, lo que representaba aproximadamente una cuarta parte del consumo nacional. Bajo ese contexto, los extrabajadores señalaron que su trayectoria laboral se desarrolló durante décadas dentro de un esquema legal y contractual que hoy consideran amenazado.
De acuerdo con el documento difundido por la asociación, alrededor del 95 por ciento de los actuales jubilados de confianza ingresó originalmente a la empresa como personal sindicalizado en puestos de menor salario, escalando gradualmente en responsabilidades hasta alcanzar cargos de mayor nivel y remuneración. Tras una carrera promedio de 30 años de servicio, obtuvieron su jubilación conforme a las condiciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, en contratos individuales y en la normatividad vigente al momento de su retiro.
Los firmantes subrayan que dichas pensiones fueron determinadas bajo políticas salariales definidas por el gobierno federal y que, desde la extinción del organismo decretada en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón, los pagos han sido administrados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado —antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes— sin que auditorías internas o externas hayan encontrado irregularidades en su legalidad o en su forma de pago.
Actualmente, señalan, quedan cerca de 700 jubilados de confianza de la extinta empresa. La asociación explica que cada año se registran en promedio 25 fallecimientos entre sus miembros, cuya edad media ronda los 78 años y muchos de los cuales enfrentan enfermedades degenerativas propias de la edad. En ese contexto, argumentan que el pasivo de pensiones se reducirá de manera natural en el mediano plazo, por lo que consideran injustificado cualquier intento de modificar retroactivamente los beneficios establecidos.
El gobierno federal informó que sólo de la extinta LyFC existen 67 extrabajadores que cobraron entre 500 mil y 900 mil pesos mensuales de pensión. Eso representó un pago de 46 963 987.75 centavos cada mes, para dar un total anual de 563 567 853 pesos, por lo que informaron que “Los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional”.
El pronunciamiento también responde a cuestionamientos recientes sobre el monto de algunas pensiones. Ante ello, los jubilados propusieron que se realice una revisión individual de cada expediente para confirmar su legalidad, con el fin de evitar generalizaciones que, aseguran, han colocado bajo sospecha a todo el grupo. Sostienen que sus prestaciones están plenamente documentadas en los estados financieros de la empresa en liquidación, así como en la valuación del pasivo actuarial correspondiente, documentos que han sido auditados y aprobados anualmente por la junta de gobierno del organismo encargado de su administración.
Sin embargo, el punto central de su crítica se dirige a la posible aplicación retroactiva de la reforma constitucional. Los jubilados sostienen que imponer límites a pensiones previamente otorgadas implicaría desconocer derechos adquiridos, es decir, beneficios incorporados al patrimonio del trabajador después de haber cumplido con las condiciones establecidas en la ley y en los contratos laborales.
En su posicionamiento citan el artículo 14 de la Constitución mexicana, el cual prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, y advierten que la reforma podría contradecir también los principios de progresividad de los derechos humanos. A su juicio, cualquier modificación que reduzca o limite prestaciones previamente reconocidas representaría una regresión en materia de derechos laborales y podría abrir la puerta a interpretaciones legales que afecten a otros sectores del servicio público.
La asociación plantea además un cuestionamiento más amplio sobre el impacto institucional de la medida. Los jubilados advierten que si el Estado modifica unilateralmente condiciones que durante décadas fueron consideradas legales y definitivas, se generaría incertidumbre sobre la estabilidad de los derechos laborales en México. En su opinión, esto no solo impactaría a quienes ya se encuentran retirados, sino también a trabajadores activos que han construido sus expectativas de retiro bajo marcos normativos que ahora podrían cambiar.
Esta situación se advirtió en la discusión en el pleno, sobre todo, por partidos de oposición como Movimiento Ciudadano, quien en voz del senador Luis Donaldo Colosio, estableció que: “alertamos sobre los obstáculos que esta reforma representa para cumplir con su objetivo porque corregir un abuso no se logra cometiendo otros. Las pensiones deben estar sujetas a reglas claras. La ley debe dar certeza, cuidar derechos y aplicarse igual para todas y todos”.
El pronunciamiento concluye con un llamado a las autoridades federales y al Poder Legislativo para preservar la seguridad jurídica en materia laboral. Los jubilados sostienen que el respeto a los derechos adquiridos es un elemento central para mantener la confianza en las instituciones y evitar que reformas legales terminen afectando a sectores vulnerables de la población, particularmente a personas de edad avanzada cuya estabilidad económica depende directamente de sus pensiones.
La discusión sobre la reforma al artículo 127 constitucional se mantiene abierta en el ámbito legislativo y jurídico. Mientras el gobierno federal impulsa ajustes para regular los ingresos y prestaciones dentro del sector público, organizaciones de extrabajadores y especialistas en derecho laboral advierten que cualquier modificación deberá enfrentar el debate sobre la retroactividad de la ley y el alcance de los derechos ya consolidados. En ese escenario, el caso de los jubilados de la antigua empresa eléctrica se perfila como uno de los focos de tensión más visibles en torno a la propuesta.
José Luis Ortega, líder de los pensionados de LyFC ofreció una entrevista a David Páramo, donde explicó su postura:
