En medio de señalamientos por presiones políticas, acusaciones de “venganza” institucional y un llamado abierto a defender la autonomía electoral, las consejerías de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera se despidieron del Consejo General del Instituto Nacional Electoral tras concluir un periodo de nueve años marcado, afirmaron, por la polarización política y crecientes tensiones con el poder.
Durante su última sesión ordinaria con posibilidad de intervenir en asuntos generales, previo a la conclusión formal de sus encargos el próximo 4 de abril, las y el consejero saliente fijaron postura frente al procedimiento administrativo que el Órgano Interno de Control mantiene abierto en su contra por su actuación durante el proceso de revocación de mandato realizado en 2022. Coincidieron en calificar la investigación como infundada, arbitraria y con motivaciones políticas, al tiempo que advirtieron que su sola existencia representa un precedente que puede vulnerar la independencia del órgano electoral.
Jaime Rivera sostuvo que, aunque el procedimiento permanece sin resolución, ello no disminuye su gravedad. Lo definió como una anomalía que persiste y alertó sobre sus implicaciones para quienes continúan en funciones y para futuras integraciones del Consejo General. En su intervención, advirtió que este tipo de acciones amenazan la independencia con la que deben actuar las consejerías, al implicar posibles represalias por el sentido de sus votos dentro de un órgano colegiado. Señaló además que el contexto actual refleja la persistencia de pulsiones autoritarias en la vida pública.
Por su parte, Dania Ravel enfatizó que el procedimiento sigue en curso en un entorno complejo para la autoridad electoral y defendió la independencia como un principio indispensable para la toma de decisiones democráticas. Afirmó que únicamente desde esa autonomía es posible garantizar resoluciones orientadas al interés público y no condicionadas por presiones externas.
Las expresiones de respaldo y preocupación no se limitaron a las consejerías salientes. El consejero Uuc-kib Espadas elevó el tono al calificar el procedimiento como totalmente ilegal y advirtió que podría tener efectos disolventes sobre el propio Instituto y, por extensión, sobre el sistema democrático. En contraste, Rita Bell López expresó su solidaridad en términos institucionales y manifestó su expectativa de que el proceso se resuelva conforme a derecho.
Desde las representaciones partidistas, las intervenciones se centraron en reconocer la trayectoria de las consejerías salientes. El representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón, destacó su contribución a la consolidación democrática, mientras que la representante del Partido Revolucionario Institucional, Marcela Guerra, los definió como perfiles comprometidos con los principios de legalidad, equidad y certeza, al tiempo que subrayó la relevancia de la renovación del Consejo como una decisión de Estado que requiere perfiles técnicos.
En el ámbito interno, consejerías como Martín Faz Mora y Carla Humphrey coincidieron en que su desempeño contribuyó al equilibrio institucional y al sostenimiento de la confianza ciudadana. Arturo Castillo resaltó su firmeza para sostener convicciones, mientras que otras voces reconocieron su apego a la legalidad durante los procesos electorales en los que participaron.
En paralelo a la despedida, trascendió que, si bien por ley podrían acceder a recursos por concepto de seguro de separación individualizado y finiquito, estos últimos permanecerán retenidos debido al ընթացimiento en curso ante el Órgano Interno de Control, lo que añade un elemento adicional de tensión al cierre de sus gestiones.
La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, evitó pronunciarse sobre la controversia y optó por un mensaje institucional en el que subrayó que la fortaleza del organismo no depende de personas, sino de sus procedimientos. Aseguró que la capacidad operativa del INE está garantizada frente a los retos electorales venideros y anticipó una agenda de trabajo intensa para los próximos meses.
La salida de Ravel, Zavala y Rivera ocurre en un contexto de alta tensión entre el organismo electoral y distintos actores políticos, en el que la defensa de la autonomía institucional se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate público sobre la calidad de la democracia en México.
