A noventa días de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas móviles en México, el avance del proceso exhibe una brecha significativa entre el ritmo actual y la meta fijada por las autoridades, lo que abre la puerta a un escenario de desconexión masiva con implicaciones económicas y operativas para millones de usuarios y empresas.
Desde que el programa arrancó el pasado 9 de enero, se han registrado aproximadamente 26 millones de líneas de un universo estimado en 142.6 millones, lo que equivale apenas al 18 por ciento del total. La cifra contrasta con el volumen pendiente: cerca de 116 millones de líneas deberán completar el trámite antes de la fecha límite para evitar la suspensión del servicio.
El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo, ha subrayado la magnitud del desafío a partir de un ejercicio aritmético que evidencia la presión sobre el sistema. Con un ritmo actual de alrededor de 321 mil registros diarios, el país tendría que acelerar a 1.28 millones por día para cumplir en tiempo, es decir, casi triplicar la velocidad. Traducido a escala operativa, se requerirían cerca de 890 registros por minuto de manera ininterrumpida.
El modelo establece que todas las líneas deben vincularse a la Clave Única de Registro de Población (CURP), y la advertencia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es clara: no habrá prórroga. Aquellas líneas que no cumplan con el requisito serán suspendidas a partir del 1 de julio. En términos prácticos, esto implica que los usuarios perderán la posibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles, quedando habilitadas únicamente las llamadas de emergencia.
El impacto potencial va más allá del ámbito individual. En el caso de líneas corporativas, la falta de registro implicaría la interrupción inmediata de comunicaciones comerciales. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 95 por ciento de las unidades económicas del país, el teléfono móvil no es solo un canal de comunicación, sino una herramienta central para ventas, cobranza y atención a clientes. Su desactivación no representa un trámite administrativo incumplido, sino un freno directo a la operación cotidiana.
El antecedente tampoco es menor. Se trata del tercer intento de implementar un padrón de líneas móviles en México, luego de los fracasos registrados en 2009 y 2021, ambos marcados por cuestionamientos en materia de seguridad y protección de datos. A diferencia de esas versiones, el esquema actual no contempla el uso de datos biométricos ni la creación de una base centralizada en manos del gobierno, lo que ha sido presentado como un avance en términos de privacidad. Sin embargo, el reto ya no parece radicar en el diseño técnico, sino en la capacidad logística para procesar el volumen requerido.
Aunque el trámite es gratuito y puede realizarse tanto en aplicaciones digitales como en centros de atención de los operadores, especialistas advierten que la concentración de usuarios en las últimas semanas podría saturar la infraestructura disponible. Si una proporción significativa de los 116 millones de líneas pendientes intenta registrarse en junio, la capacidad instalada difícilmente será suficiente para atender la demanda.
Experiencias internacionales refuerzan esta preocupación. En países como India, procesos similares de vinculación de tarjetas SIM han derivado en la ampliación de plazos ante la presión de la industria y la imposibilidad de cumplir con los tiempos originalmente previstos. En el caso mexicano, la autoridad reguladora ha reiterado que el calendario se mantiene sin cambios, pese a que las cifras actuales sugieren un desfase considerable.
El desenlace dependerá de la capacidad de acelerar el registro en las próximas semanas y de la respuesta de los usuarios ante el riesgo de suspensión. De lo contrario, el inicio de julio podría marcar no solo un corte administrativo, sino una disrupción masiva en las comunicaciones del país, con efectos que irían desde lo cotidiano hasta lo económico.
