El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, afirmó que el Estado mexicano ha evitado enfrentar de manera efectiva la crisis de desapariciones en el país y ha tolerado la colusión de autoridades con grupos delictivos, lo que, sostuvo, ha permitido la continuidad de la violencia y la impunidad. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que el Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU decidió escalar el caso de México ante instancias superiores del sistema internacional.
Tras encabezar una misa en el Santuario de Guadalupe en Saltillo, el prelado señaló que desde hace más de una década existen registros documentados de desapariciones en el noreste del país, situación que obligó al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios a concentrar gran parte de su labor en la atención de víctimas y familiares. De acuerdo con su testimonio, fue a partir de 2010 cuando comenzaron a recibir un flujo constante de madres y padres en busca de sus hijos desaparecidos, un fenómeno que, aseguró, no ha disminuido con el paso del tiempo.
Vera López indicó que el acompañamiento a víctimas permitió identificar patrones persistentes en las desapariciones, así como la presunta participación o permisividad de autoridades en distintos niveles de gobierno. Sostuvo que estas condiciones fueron consideradas por organismos internacionales para valorar la gravedad del caso mexicano. En ese sentido, insistió en que la falta de acción institucional ha contribuido a perpetuar la problemática.
El religioso también hizo referencia al trabajo pastoral y humanitario del sacerdote Pedro Pantoja Arreola, quien atendió a población migrante en tránsito por el país. Según relató, a través de esa labor comenzaron a recibir testimonios de familiares de personas provenientes de Centroamérica que perdieron contacto con sus seres queridos mientras cruzaban territorio mexicano, en una época en la que el uso del tren de carga era una de las principales rutas migratorias.
Otro de los elementos que, a juicio del obispo emérito, evidencian la magnitud del problema es el hallazgo recurrente de fosas clandestinas en diversas regiones del país. Señaló que estos descubrimientos reflejan no solo la operación sistemática de grupos criminales, sino también fallas estructurales en la procuración de justicia y en la prevención del delito.
Vera López sostuvo que la corrupción es un factor central que impide el respeto a los derechos humanos y favorece la continuidad de las desapariciones. Afirmó que, con el paso del tiempo, se han mantenido prácticas que vinculan a servidores públicos con actividades ilícitas, lo que, desde su perspectiva, genera un entorno de impunidad.
“Son unos haraganes y corruptos, que entran solamente por el cargo y lo que reciben de dinero. Es un asco. México debe dar la cara porque nosotros los estamos inculpando”, concluyó.
Actualmente, explicó, tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas continúan documentando casos con características similares a las registradas desde hace más de una década, lo que, dijo, confirma la persistencia de un fenómeno que no ha sido resuelto por las autoridades.
El obispo emérito concluyó que México debe asumir la dimensión de la crisis y rendir cuentas ante la comunidad internacional, al considerar que las desapariciones forzadas siguen siendo una de las principales deudas del Estado en materia de derechos humanos.
