La sustitución de durmientes en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico ha abierto nuevas dudas sobre la consistencia de los peritajes oficiales de la Fiscalía General de la República, luego de que trabajadores ferrocarrileros denunciaran que las piezas señaladas como deterioradas fueron reemplazadas semanas después del siniestro, pese a que la autoridad aseguró que cumplían con la norma.
El accidente, ocurrido el 28 de diciembre pasado en la línea Z que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos, en un tramo ubicado entre los kilómetros 230 y 290, a la altura de las comunidades de Chivela y Nizanda, en el Istmo de Tehuantepec. En los minutos posteriores al descarrilamiento, pasajeros difundieron videos en redes sociales donde se observaban durmientes de madera visiblemente deteriorados, algunos partidos longitudinalmente, en una curva cerrada donde se registró el percance.
De acuerdo con testimonios de trabajadores consultados, durante el mes de febrero dos cuadrillas integradas por al menos 15 operarios realizaron labores para sustituir los durmientes dañados por piezas nuevas, aunque también de madera. La intervención, aseguran, se llevó a cabo en el mismo punto donde se documentaron las fallas tras el accidente.
Las revelaciones contrastan con las conclusiones difundidas por la Fiscalía, que tras una inspección y toma de muestras determinó que la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. Esta conclusión ha sido rechazada por trabajadores ferroviarios, quienes cuestionan la lógica de haber reemplazado los componentes si estos se encontraban en condiciones óptimas. En ese contexto, plantean interrogantes sobre la posible alteración del sitio del siniestro y la integridad de las investigaciones.
La inconformidad también se ha intensificado por la imputación de responsabilidades penales contra el conductor Felipe de Jesús Díaz y el despachador Ricardo Mendoza, a quienes la Fiscalía señala como presuntos responsables del descarrilamiento. Sus compañeros consideran que la indagatoria se ha enfocado en los niveles operativos sin profundizar en posibles fallas estructurales o decisiones de mantenimiento.
En paralelo, el asesor de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, calificó las conclusiones oficiales como una “investigación a modo” orientada a responsabilizar a los eslabones más vulnerables de la cadena ferroviaria. Recordó que desde diciembre, un día después del accidente, la organización denunció deficiencias en la operación del tren que, según afirmó, ya habían sido advertidas desde febrero de 2022 tras otro descarrilamiento en la comunidad de Palomares, en el municipio de Matías Romero.
De acuerdo con estas denuncias, en los trabajos de modernización de la vía se detectaron irregularidades relacionadas con la calidad de los materiales utilizados, así como inconsistencias en el volumen de balasto aplicado, lo que habría comprometido la estabilidad de la infraestructura ferroviaria. A ello se suman señalamientos sobre presuntas violaciones a derechos de comunidades locales durante la ejecución de las obras.
Trabajadores que participaron en las labores de mantenimiento aseguran que las condiciones de la vía en el tramo afectado evidenciaban desgaste avanzado, particularmente en los durmientes de madera, cuya sustitución consideran una medida tardía frente a un problema previamente identificado. Estas versiones se suman a un contexto de tensión laboral, en el que algunos denunciantes afirman haber recibido amenazas tras hacer públicas sus observaciones, lo que incluso los llevó a ausentarse temporalmente de sus funciones.
Mientras persisten las dudas sobre las causas reales del descarrilamiento, el caso ha escalado como un punto de fricción entre autoridades, trabajadores y organizaciones sociales en una de las obras estratégicas del gobierno federal, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de las investigaciones y la rendición de cuentas en torno a la seguridad ferroviaria.
