Rosa María Rubio Zepeda, viuda del ex director de Grupo Radio Centro, Carlos Aguirre Gómez, denunció que los hijos del empresario fabricaron cargos de secuestro y homicidio en su contra con el propósito de obligarla a renunciar a la herencia que su esposo le dejó al morir en septiembre de 2020.
Rubio Zepeda fue detenida el 1 de abril en Miami por autoridades migratorias, a solicitud del gobierno mexicano mediante Interpol, casi seis años después del fallecimiento de Aguirre. Sus abogados sostienen que los cargos fueron manufacturados por los hijos del primer matrimonio del empresario, quienes presentaron la denuncia ocho días después de su muerte sin haber alegado previamente ningún acto de privación de libertad.
“Convertir una disputa por herencia en una acusación de secuestro no es un acto de justicia: es una estrategia que busca trasladar un conflicto familiar al terreno penal”, afirmaron los representantes legales de la acusada.
La acusación enfrenta contradicciones de fondo. Sofía, hija de Rubio Zepeda y quien creció en el seno de esa familia desde los 6 años, difundió un video en redes sociales donde cuestiona la veracidad de los cargos con base en fotografías que muestran a Carlos Aguirre viajando con su familia dentro y fuera del país, asistiendo al Mundial de Fútbol de 2018 y desplazándose a Cleveland por razones de salud, todo durante el periodo en que supuestamente habría estado privado de su libertad. “Esto no solo es un insulto a la imagen de mi mamá, sino también a la imagen de mi papá”, señaló.
El expediente judicial descansa en los testimonios de Juan Carlos, Sofía y Alejandra Aguirre Corcuera, los tres herederos directos del empresario y principales beneficiarios de un fallo adverso a Rubio Zepeda. No existe en el núcleo de la acusación un solo testigo sin interés económico directo en el resultado del caso.
De acuerdo con personas cercanas al expediente, existía una prolongada tensión entre Carlos Aguirre y sus hijos del primer matrimonio, marcada por desacuerdos financieros y fracasos empresariales respaldados económicamente por el propio empresario.
La denuncia se presentó semanas después de su muerte, sin que durante los once años de matrimonio hubiera intervención de autoridad alguna ni registro de alarma por parte de quienes hoy se asumen víctimas indirectas. Los abogados de Rubio Zepeda sostienen que las decisiones patrimoniales tomadas en vida por Carlos Aguirre son el origen real del conflicto, y que la vía penal es el mecanismo elegido para revertirlas.
