En un intento por ampliar el alcance de los derechos fundamentales y atender una de las formas más extendidas de exclusión social en el país, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una iniciativa para reformar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de incorporar explícitamente la prohibición de la discriminación por corporalidad, apariencia física o peso corporal.
La propuesta, ya incluida en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, plantea modificar el quinto párrafo del artículo primero, donde se establecen las causas por las que queda prohibida cualquier forma de discriminación. El texto sugerido busca añadir de manera expresa estos elementos, de modo que la Constitución reconozca y sancione prácticas que actualmente no están tipificadas de forma explícita, pero que afectan de manera cotidiana a millones de personas. El texto dice:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal, o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
De aprobarse, el párrafo establecería que queda prohibida toda discriminación motivada no solo por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, sino también por la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal, ampliando así el marco de protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales.
En la exposición de motivos, la legisladora retoma datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que identifica la apariencia física como una de las principales causas de discriminación en México. Este señalamiento se sustenta en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, la cual revela que el 23.7 por ciento de las personas adultas declaró haber sido víctima de discriminación, y de ese universo, el 30.6 por ciento atribuyó el motivo a su apariencia o forma de vestir.
La iniciativa define la gordofobia como una forma estructural de discriminación que impacta a las personas con cuerpos gordos mediante estigmas arraigados socialmente. Señala que esta problemática no se limita a expresiones abiertas de burla o rechazo, sino que también se manifiesta en la patologización del peso, la exclusión en distintos ámbitos de la vida social y la presión constante para modificar el cuerpo conforme a estándares estéticos predominantes.
El proyecto de decreto también contempla disposiciones transitorias que obligarían al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a armonizar su legislación en un plazo de 180 días naturales posteriores a una eventual aprobación. Asimismo, establece que las autoridades competentes deberán implementar políticas públicas, programas y acciones orientadas a prevenir, atender y erradicar la discriminación por apariencia física, corporalidad o peso corporal.
La propuesta se inserta en un contexto de creciente discusión pública sobre la discriminación estructural en México, donde diversos sectores han impulsado el reconocimiento de nuevas formas de exclusión que, aunque persistentes, no siempre han sido visibilizadas en el marco jurídico. Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca que la Carta Magna incorpore de manera explícita una problemática social que, de acuerdo con cifras oficiales, afecta a una proporción significativa de la población.
