Más de un centenar de colectivos de víctimas, acompañados por familias, organizaciones y personas solidarias, solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, un pronunciamiento público de respaldo a la reciente determinación del Comité contra las Desapariciones Forzadas que advierte sobre la posible comisión generalizada o sistemática de desapariciones forzadas en México.
En una carta firmada por 104 colectivos de víctimas de México y Centroamérica, 315 familias de personas desaparecidas, 78 organizaciones y 149 personas solidarias, las y los firmantes destacan que el Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo excepcional que permite escalar la situación ante el Secretario General de la ONU para su eventual discusión urgente en la Asamblea General.
De acuerdo con el documento, la decisión del Comité se sustenta en “indicios fundados” de que este delito ocurre de manera extendida en el país, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad y evidencia, a juicio de las organizaciones, la insuficiencia de las acciones del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
Las familias y colectivos subrayan que esta medida abre una oportunidad inédita para avanzar en la localización de más de 132 mil personas desaparecidas y la identificación de más de 70 mil restos humanos sin identificar, además de impulsar el acceso a la justicia. En ese sentido, consideran que la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas puede contribuir a generar un diagnóstico compartido sobre la crisis y a fortalecer la cooperación internacional, incluida la asistencia técnica y financiera.
La misiva solicita que, en el marco de su visita a México, Türk respalde explícitamente la determinación del Comité y la presente como una oportunidad tanto para las víctimas como para el propio Estado mexicano. Argumentan que un posicionamiento claro reforzaría la autoridad del sistema internacional de derechos humanos y enviaría un mensaje sobre la necesidad de erradicar esta práctica.
Asimismo, piden que en su diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum se destaquen puntos de convergencia entre el gobierno mexicano y los mecanismos internacionales, particularmente en materia de cooperación técnica, fortalecimiento de capacidades forenses, investigación de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado, y la creación de mecanismos eficaces e independientes para garantizar verdad y justicia.
El pronunciamiento también enfatiza la necesidad de asegurar la participación sustantiva de las familias en cualquier proceso de atención a la crisis, así como de fortalecer las capacidades de la oficina en México del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para acompañar tanto al Estado como a las víctimas.
Finalmente, las organizaciones instan a que se reiteren al Estado mexicano las recomendaciones emitidas por distintos órganos de Naciones Unidas en materia de desapariciones, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos y diversos comités especializados, en un contexto que califican como de creciente inseguridad para las familias buscadoras.
El posicionamiento colectivo concluye que el respaldo internacional, en el marco del artículo 34 de la Convención, podría funcionar también como un mecanismo de protección preventiva frente a los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos en el país.
