En una jornada que marca un hito en la lucha por la justicia de género en México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, por unanimidad de 467 votos, el dictamen que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación otorga al Congreso Federal la facultad exclusiva para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, una herramienta jurídica diseñada para establecer un tipo penal único, sanciones homologadas y protocolos de investigación obligatorios para las 32 entidades federativas del país.
Hasta el día de hoy, el sistema de justicia mexicano presentaba una fragmentación crítica en la persecución de este delito. Cada estado poseía su propia definición de feminicidio en sus códigos penales locales, lo que provocaba que una misma conducta pudiera ser sancionada con 40 años de prisión en una entidad y con 60 en otra, o que incluso no fuera clasificada como feminicidio debido a requisitos probatorios excesivos en ciertas regiones. Con esta reforma, se busca eliminar estas “lagunas legales” que históricamente han favorecido la impunidad de los agresores al cruzar fronteras estatales.
El dictamen, que ya contaba con la aprobación previa de la Cámara de Senadores desde el pasado 14 de abril, enfatiza que la nueva Ley General no solo se limitará a la sanción, sino que establecerá un “estándar mínimo de protección” para las víctimas directas e indirectas. Esto incluye la obligación de las fiscalías de investigar cualquier muerte violenta de una mujer con perspectiva de género desde el primer momento, evitando la revictimización y la pérdida de pruebas críticas durante las primeras horas de la indagatoria.
Durante el debate en la tribuna, se destacó que la impunidad en casos de feminicidio en México supera el 90% en diversas regiones, debido en gran medida a la falta de capacitación de los ministerios públicos locales y a la diversidad de criterios judiciales. Los legisladores señalaron que la homologación permitirá que las alertas de género y las bases de datos de agresores sean interoperables a nivel nacional, facilitando la captura de criminales que operan en múltiples estados o que huyen tras cometer el ilícito.
Tras su aprobación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el proyecto ha sido turnado de inmediato a las legislaturas de los 32 estados de la República. Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, se requiere que al menos 17 congresos locales ratifiquen el texto para que pueda ser promulgada por el Ejecutivo Federal. Una vez que entre en vigor, el Congreso de la Unión dispondrá de un plazo máximo de 180 días naturales para redactar y publicar la Ley General que regirá en todo el territorio nacional.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas han recibido la noticia con cautela, señalando que, si bien la reforma es un avance jurídico fundamental, el éxito de la medida dependerá de la asignación de presupuesto suficiente para las fiscalías especializadas. La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que este paso legislativo es una respuesta directa a las exigencias de justicia social y un compromiso del Estado bajo el nuevo orden político que encabeza el Papa León XIV en el plano moral y los poderes civiles en el ámbito institucional.
Finalmente, se espera que este cambio estructural contribuya a frenar la cifra de muertes violentas que, según datos oficiales, continúa siendo uno de los mayores retos de seguridad y derechos humanos en el país. La creación de un marco normativo único es vista por expertos internacionales como una de las recomendaciones pendientes de México ante organismos como la CEDAW para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
