La Cámara de Diputados consumó el nombramiento de tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en medio de una fuerte confrontación política y sin el respaldo de las fuerzas opositoras, lo que marca un punto de quiebre en los procesos de designación de árbitros electorales en México.
Con 334 votos a favor provenientes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, frente a 127 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el pleno avaló la incorporación de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García como consejeros electorales, quienes ejercerán el cargo hasta 2035. La votación se concretó tras una jornada de negociaciones prolongadas y ajustes de última hora dentro del bloque oficialista, que modificó su propuesta original ante la falta de consenso con sus aliados.
El proceso estuvo marcado por tensiones internas en la coalición gobernante. Inicialmente, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, había impulsado perfiles distintos, como Bernardo Valle y Alejandra Tello, pero estos no prosperaron ante la resistencia del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que ya habían mostrado disposición a romper filas en votaciones previas, incluida la discusión de la reforma electoral promovida por el gobierno federal.
El acuerdo final incorporó a Gómez Puga, exconsejera electoral en Tamaulipas y actual titular del Órgano Interno de Control del instituto local, así como a Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla. Sin embargo, el nombramiento que concentró mayor atención fue el de Arturo Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación encargado, entre otras funciones, de la impresión de materiales electorales.
Chávez López es identificado como un perfil cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien coincidió durante su etapa universitaria en la UNAM. Su designación estuvo acompañada de cuestionamientos por parte de la oposición, particularmente por la calificación de 99 sobre 100 que obtuvo en el examen de conocimientos del proceso de selección, lo que alimentó señalamientos sobre posibles ventajas en su evaluación.
De acuerdo con versiones difundidas durante las negociaciones, desde el Ejecutivo federal se habrían delineado dos prioridades: asegurar la llegada de Chávez López al Consejo General y mantener la mayoría de mujeres en el órgano electoral. Con la nueva integración, el consejo conservará una composición de seis consejeras y cinco consejeros, en línea con la paridad previamente existente antes de la salida, el pasado 4 de abril, de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.
La oposición descalificó el proceso desde sus primeras etapas. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la integración del comité de evaluación, al que señalaron de estar dominado por perfiles afines al oficialismo, así como la falta de transparencia en los criterios de selección y las calificaciones otorgadas a los aspirantes. Estas críticas se mantuvieron hasta el momento de la votación, en la que los bloques opositores optaron por rechazar en su totalidad los nombramientos.
El episodio representa la primera ocasión desde 2003 en que la designación de consejeros electorales no logra el consenso entre las principales fuerzas políticas. A diferencia de procesos recientes —como el de 2020, cuando Morena consiguió el respaldo de partidos opositores, o el de 2023, cuando la selección incluyó un mecanismo de insaculación para nombrar a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala—, en esta ocasión el oficialismo recurrió exclusivamente a su mayoría legislativa.
Un día después de la votación, el Consejo General del INE llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que se tomó protesta a los nuevos consejeros. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, formalizó la incorporación de Chávez López, Gómez Puga y Cruz García, quienes se integran a un órgano clave para la organización de los procesos electorales federales.
La designación cierra un proceso que, desde la perspectiva de la oposición, estuvo marcado por la falta de imparcialidad y por la exclusión deliberada de otras fuerzas políticas. Para el oficialismo, en cambio, se trata de una decisión legítima sustentada en la mayoría calificada alcanzada en la Cámara de Diputados. El resultado deja en evidencia la creciente polarización en torno a la integración de las instituciones electorales y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía del árbitro electoral en México.
