El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en conjunto con el diputado Gibrán Ramírez Reyes, solicitó formalmente este jueves el inicio del proceso de desafuero contra funcionarios del estado de Sinaloa señalados en investigaciones judiciales de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La petición plantea que los implicados enfrenten las acusaciones sin la protección constitucional que les confiere el cargo público, en un contexto de creciente presión internacional sobre autoridades locales presuntamente infiltradas por el crimen organizado.
La postura del bloque legislativo surge a partir de información contenida en un expediente de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, instancia que habría documentado una red de colaboración entre funcionarios estatales y el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con los documentos judiciales, las autoridades señaladas habrían facilitado operaciones logísticas para el trasiego de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense, lo que coloca el caso en el centro de la agenda bilateral en materia de seguridad y cooperación judicial.
Entre los nombres mencionados en la acusación figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios de distintos niveles de la administración estatal. Según la información referida, la investigación contó con la participación directa de la Administración para el Control de Drogas, que habría aportado evidencia sobre la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales locales.
El expediente también incluye a funcionarios de alto perfil como Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros nombres vinculados a la presunta red de protección institucional. En particular, se señala a Juan Valenzuela Millán por su presunta participación en el homicidio de un informante relacionado con la agencia antidrogas estadounidense, un elemento que agrava la dimensión del caso y sus posibles repercusiones judiciales.
Asimismo, el listado de implicados incorpora a Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Alberto Jorge Contreras Núñez, quienes, según la documentación, habrían formado parte de un entramado orientado a brindar protección a las actividades delictivas en la entidad.
Desde una perspectiva económica e institucional, el señalamiento de autoridades en funciones por parte de instancias judiciales extranjeras introduce un factor de alta incertidumbre para la gobernabilidad estatal y la percepción de riesgo en la región. Analistas advierten que este tipo de acusaciones puede incidir en la confianza de inversionistas, particularmente en sectores sensibles a la estabilidad jurídica y al estado de derecho, además de tensionar la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
La solicitud de desafuero presentada por Movimiento Ciudadano abre un proceso político y jurídico que, de prosperar, trasladaría el caso a instancias legislativas y judiciales mexicanas, donde se determinaría la viabilidad de retirar la inmunidad procesal a los funcionarios señalados. En tanto, el desarrollo de las investigaciones en tribunales estadounidenses y la eventual cooperación entre ambos países serán determinantes para esclarecer el alcance de las acusaciones y sus consecuencias tanto legales como económicas.
