La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección federal derivada de un análisis de riesgo realizado por el Gabinete de Seguridad, en respuesta a cuestionamientos sobre los alcances y motivos de este resguardo.
Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que los esquemas de seguridad no están condicionados exclusivamente al ejercicio de un cargo público en funciones, sino que pueden mantenerse o activarse en función de amenazas o contextos específicos que comprometan la integridad de una persona. En ese sentido, subrayó que la condición de haber solicitado licencia no elimina automáticamente la posibilidad de recibir protección institucional.
Sheinbaum detalló que el procedimiento para asignar seguridad federal contempla una solicitud formal que puede ser presentada ante instancias como la Guardia Nacional o directamente ante el Gabinete de Seguridad. Posteriormente, las autoridades realizan un análisis técnico para determinar el nivel de riesgo al que está expuesta la persona solicitante, evaluación que define si procede otorgar o reforzar medidas de protección.
La presidenta enfatizó que este mecanismo no es exclusivo para gobernadores, sino que también puede aplicar a legisladores, funcionarios de distintos niveles e incluso ciudadanos, siempre que se acrediten condiciones que justifiquen la intervención del Estado en materia de seguridad personal.
En el caso de Rocha Moya, Sheinbaum indicó que la protección vigente responde a las “condiciones determinadas” por el Gabinete de Seguridad, sin detallar públicamente los elementos específicos del análisis por tratarse de información sensible. La declaración se produce en un contexto de atención pública sobre la situación del mandatario con licencia y los criterios bajo los cuales se otorgan este tipo de resguardos.
El marco institucional vigente en México establece que la asignación de personal por parte de fuerzas federales se rige por evaluaciones técnicas que buscan equilibrar la protección de individuos con el uso eficiente de recursos públicos, en un entorno donde los riesgos a la seguridad pueden variar significativamente según la región, el perfil del solicitante y las circunstancias particulares de cada caso.
