La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó la investigación sobre el operativo en Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses y derivó en la muerte de cuatro personas, al citar a declarar a cerca de 50 elementos y funcionarios vinculados con las acciones desplegadas en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer la legalidad de la intervención extranjera.
De acuerdo con información oficial difundida por el vocero de la institución, Ulises Lara, las comparecencias se realizarán en los próximos días como parte de la integración de la carpeta de investigación, la cual busca reconstruir las condiciones en que se llevó a cabo el operativo contra laboratorios clandestinos y determinar el grado de participación de autoridades locales y federales.
El funcionario precisó que, además de las entrevistas ministeriales, la FGR emitió requerimientos formales a diversas autoridades para verificar la existencia, validez y estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes extranjeros involucrados, así como el conocimiento previo que tenían las autoridades del gobierno de Chihuahua sobre su presencia y actuación en territorio nacional.
La investigación se desprende de los hechos ocurridos el pasado 19 de abril, cuando un convoy que participaba en un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos sufrió un accidente vehicular, en el que murieron dos agentes estadounidenses —identificados como instructores vinculados a agencias de ese país— y dos funcionarios mexicanos, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación.
En este contexto, la FGR mantiene abiertas líneas de indagatoria tanto por las circunstancias del accidente como por la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional, ante la presencia de personal extranjero en tareas operativas dentro del país. El propio Ulises Lara subrayó que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes hayan permitido o facilitado la actuación de agentes foráneos sin el sustento jurídico correspondiente.
Las autoridades federales buscan establecer si existieron omisiones, irregularidades administrativas o incluso responsabilidades penales en la autorización, coordinación o ejecución del operativo, particularmente en lo relativo a los mecanismos de control institucional sobre la participación de agencias extranjeras.
Este caso se desarrolla en paralelo a otras investigaciones abiertas por la FGR relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, en un contexto que ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.
