La senadora Alejandra Barrales afirmó que Morena está enviando un mensaje de impunidad al respaldar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras impulsa acciones de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a raíz de la controversia generada por la destrucción de presuntos laboratorios clandestinos en la entidad fronteriza.
Barrales cuestionó lo que calificó como una postura contradictoria del oficialismo frente a distintos casos de seguridad y presuntas responsabilidades de autoridades estatales. La legisladora sostuvo que resulta “increíble” que, pese a que la intervención realizada en Chihuahua derivó en el desmantelamiento de laboratorios ilegales, la reacción política haya sido buscar sanciones contra la mandataria estatal por no haber solicitado autorización previa para la operación.
“Efectivamente la medida fue para echar atrás laboratorios, etcétera. Pero es increíble que siendo ese el resultado, pues la medida o la búsqueda sea cómo castigamos a quien no me pidió permiso para tomar esta decisión”, declaró la senadora al referirse a las críticas y acciones promovidas desde Morena contra la administración estatal chihuahuense.
En contraste, Barrales señaló que existe un trato distinto hacia el gobernador sinaloense, quien ha sido objeto de diversos señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos o colaboración con integrantes de la delincuencia organizada. La legisladora aseguró que, pese a la gravedad de las acusaciones, desde el oficialismo se insiste en que no existen elementos suficientes para proceder políticamente contra Rocha Moya.
“Por otro lado, pues la evidencia que tenemos es de un gobernador que está abiertamente señalado cómo colaborar con la delincuencia organizada. Y ante eso, pues que se diga que no hay elementos suficientes. Es muy lamentable porque el mensaje que se está enviando es una vez más de impunidad”, expresó.
La senadora afirmó que los señalamientos contra el mandatario de Sinaloa ya no pueden considerarse rumores o especulaciones políticas, sino acusaciones formales que, dijo, deberían motivar una investigación seria por parte de las autoridades correspondientes. En ese contexto, acusó que el gobierno federal está construyendo un “manto de impunidad” alrededor del mandatario sinaloense.
“Es con este gobierno que se está protegiendo a un gobernador que tiene señalamientos serios, formales. O sea, no es como un rumor, ya no es un secreto a voces”, sostuvo Barrales, quien añadió que durante casi dos años han existido versiones y denuncias relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa y la actuación del gobernador.
La legisladora también vinculó el caso con el problema estructural de impunidad en México y aseguró que la falta de consecuencias legales frente a denuncias de alto perfil refuerza la percepción ciudadana de que las instituciones no responden ante posibles actos ilícitos cometidos por figuras cercanas al poder político.
“Nueve de cada diez casos se quedan en la impunidad, nueve de cada diez casos que denunciamos en este país se quedan sin respuesta”, afirmó.
Las declaraciones de Barrales se producen en medio de la polarización política entre Morena y fuerzas de oposición por la estrategia de seguridad, así como por el debate sobre las facultades de los gobiernos estatales frente al combate al crimen organizado. Mientras legisladores oficialistas han defendido la necesidad de revisar actuaciones de autoridades estatales en Chihuahua, integrantes de la oposición han acusado un uso político de los mecanismos de control y una protección selectiva hacia gobernadores afines al partido gobernante.
