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Rechaza CIA participación en atentado contra operador del Cártel de Sinaloa en EdoMex

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, negó este martes haber participado en el presunto asesinato de Francisco Beltrán, alias El Payín, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, luego de que una investigación de la cadena estadounidense CNN asegurara que la muerte del presunto criminal fue resultado de una operación encubierta realizada en territorio mexicano con apoyo de agentes estadounidenses
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La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, negó este martes haber participado en el presunto asesinato de Francisco Beltrán, alias El Payín, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, luego de que una investigación de la cadena estadounidense CNN asegurara que la muerte del presunto criminal fue resultado de una operación encubierta realizada en territorio mexicano con apoyo de agentes estadounidenses.

El caso ha escalado rápidamente a nivel político y diplomático debido a que las versiones difundidas por CNN apuntan a una presunta intervención directa de personal de inteligencia estadounidense en el Estado de México, específicamente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una situación que el Gobierno mexicano considera inadmisible por implicar una eventual violación a la soberanía nacional.

De acuerdo con la investigación difundida por CNN, la muerte de El Payín ocurrió a finales de marzo pasado cuando el vehículo en el que viajaba explotó, causando también la muerte de su conductor. En un primer momento, versiones preliminares indicaban que ambos trasladaban un artefacto explosivo que habría detonado accidentalmente. Sin embargo, la cadena estadounidense sostiene ahora que la explosión fue producto de un atentado dirigido y que el explosivo habría sido colocado deliberadamente dentro del automóvil.

CNN afirmó, citando fuentes no identificadas y supuestos datos provenientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que la operación habría sido “facilitada” por oficiales de operaciones de la CIA pertenecientes a una unidad clandestina denominada Rama Terrestre, dedicada presuntamente a infiltrarse en estructuras criminales y realizar acciones encubiertas para debilitar redes del narcotráfico.

La reacción del Gobierno estadounidense no tardó en llegar. Liz Lyons, portavoz de la CIA, rechazó categóricamente la versión periodística y calificó el reportaje como “morboso”. La funcionaria sostuvo además que la publicación constituye “una campaña de relaciones públicas para los carteles” y aseguró que el contenido pone en riesgo vidas de ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, también salió al paso de las versiones difundidas por CNN y afirmó que la relación bilateral en materia de seguridad se mantiene exclusivamente bajo mecanismos de cooperación institucional y de intercambio de inteligencia. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario aseguró que el Gobierno mexicano “rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

García Harfuch enfatizó que las acciones operativas dentro del país corresponden únicamente a autoridades mexicanas y sostuvo que la estrategia de cooperación con Estados Unidos se desarrolla “sin subordinación”. Según el funcionario, dicha coordinación ha permitido capturas relevantes, decomisos de droga y armamento, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

La Fiscalía mexiquense también desmintió haber confirmado a CNN que el vehículo de El Payín contenía un artefacto explosivo instalado intencionalmente. La institución precisó que la investigación continúa abierta y que hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre las causas exactas de la explosión ni sobre las circunstancias que provocaron la muerte del presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

La polémica surge en medio de un clima de creciente tensión entre ambos países por la política de seguridad impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente endureció su discurso contra los carteles mexicanos. Esta misma semana, el mandatario estadounidense declaró que, si México no actuaba contra las organizaciones criminales, Estados Unidos podría hacerlo directamente. “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, afirmó.

En paralelo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró ante la Cámara de Representantes que México debe actuar contra los carteles para evitar que Washington tenga que intervenir. Aunque las declaraciones oficiales estadounidenses han sido planteadas como escenarios hipotéticos, la investigación de CNN asegura que operaciones letales vinculadas con la CIA en territorio mexicano llevan al menos un año realizándose de manera clandestina.

El reportaje sostiene que dichas acciones se han enfocado principalmente en operadores de nivel medio pertenecientes a organizaciones criminales, entre ellos El Payín, como parte de una estrategia destinada a debilitar estructuras completas del narcotráfico mediante la eliminación sistemática de actores considerados clave dentro de las cadenas operativas de los carteles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también desestimó públicamente el contenido de la investigación periodística y calificó la información como “ficción”. De acuerdo con versiones citadas por diversos medios, la mandataria considera que los movimientos recientes de la administración estadounidense representan intentos de injerencia y forman parte de una estrategia política interna rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Las tensiones bilaterales se han incrementado además por recientes declaraciones del titular de la DEA, Terrance Cole, quien advirtió que las acusaciones lanzadas desde Washington contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, serían apenas “el comienzo” de futuras acciones e investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico.

Mientras tanto, el Gobierno mexicano insiste en que toda cooperación internacional debe mantenerse dentro de los márgenes constitucionales y bajo autorización expresa de las autoridades nacionales, especialmente ante versiones que sugieren operaciones armadas o acciones encubiertas realizadas por agentes extranjeros en territorio mexicano.

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