La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y personas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida se activó como parte de mecanismos automáticos de prevención financiera derivados de las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra un grupo de diez personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico y conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Sheinbaum detalló que la propia Unidad de Inteligencia Financiera le informó que el bloqueo de cuentas se realizó de manera preventiva debido a los protocolos que existen entre instituciones bancarias mexicanas y estadounidenses. Según expuso, los bancos nacionales emitieron alertamientos tras conocerse públicamente las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, lo que derivó en la incorporación de los involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas.
“Les pregunté a la UIF, van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, declaró la presidenta.
Horas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, emitió un comunicado oficial en el que confirmó la inmovilización preventiva de recursos financieros vinculados con Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
En el documento, la UIF sostuvo que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas derivaron de reportes enviados por instituciones del sistema financiero mexicano, luego de que se difundieran públicamente los señalamientos hechos por autoridades estadounidenses. La dependencia precisó que los bancos activaron alertas internas debido a los riesgos regulatorios y operativos asociados a investigaciones internacionales por delitos relacionados con el narcotráfico.
El caso se originó tras las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señala a Rocha Moya y a integrantes de su círculo político y administrativo por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa encabezadas por “Los Chapitos”. Las imputaciones incluyen conspiración para importar narcóticos, lavado de dinero y otros delitos vinculados con operaciones del crimen organizado.
La situación representa uno de los episodios de mayor presión política y diplomática para el gobierno mexicano en materia de seguridad y combate al narcotráfico, debido a que las investigaciones alcanzan a figuras de alto nivel del poder político en Sinaloa. Además, el caso ha intensificado el escrutinio sobre las relaciones entre estructuras gubernamentales locales y grupos criminales que operan en la entidad.
El pasado viernes 15 de mayo, la presidenta Sheinbaum había señalado en su conferencia matutina que no contaba con información detallada sobre el congelamiento de cuentas y pidió entonces un informe formal a la UIF para esclarecer el alcance de las medidas financieras.
Por su parte, Rocha Moya ha rechazado las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y sostiene que se trata de imputaciones sin sustento. El mandatario con licencia ha insistido en que no mantiene vínculos con organizaciones criminales y que enfrentará las investigaciones conforme a derecho.
Fuentes cercanas a las indagatorias refieren que la UIF también amplió el rastreo financiero hacia empresas, socios comerciales y firmas presuntamente relacionadas con el entorno político y económico del gobernador con licencia, en busca de posibles operaciones irregulares o triangulación de recursos.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas implica restricciones inmediatas para realizar operaciones financieras dentro del sistema bancario mexicano, aunque las autoridades mexicanas aclararon que la medida tiene carácter preventivo y no constituye, por sí misma, una resolución judicial definitiva sobre responsabilidades penales.
El caso ocurre en un momento particularmente delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, luego de que ambos gobiernos han sostenido diferencias sobre la estrategia de combate al narcotráfico y el papel de las agencias estadounidenses en investigaciones relacionadas con cárteles mexicanos.
