En México, la problemática de las personas desaparecidas representa una de las heridas más profundas del tejido social y un desafío histórico insoslayable para el Estado. El reciente anuncio conjunto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la conducción de Ernestina Godoy, marca un punto de inflexión metodológico y operativo en la atención institucional de esta crisis.
El despliegue de recorridos presenciales coordinados por las seis regiones geográficas del país no solo busca un acercamiento necesario con las familias y colectivos de búsqueda, sino que pretende institucionalizar un esquema de fiscalización directa sobre las capacidades operativas en los órdenes local y federal.
Más allá del posicionamiento político, el núcleo de esta transformación reside en la aplicación estratégica de la tecnología forense y el cruce masivo de información. La Plataforma Única de Identidad (PUID), cuya operación formal inició el 14 de octubre de 2025, ha aportado sus primeros datos duros al registrar la localización de 5 mil 898 personas hasta mediados de mayo de 2026.
Esta herramienta utiliza la Clave Única de Registro de Población (CURP) como eje articulador para interconectar bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres niveles de gobierno. Este avance pone en evidencia que la fragmentación histórica de los registros había sido uno de los mayores obstáculos para la localización, demostrando que la interoperabilidad es una ruta crítica e indispensable para la crisis humanitaria actual.
Complementando el aparato tecnológico, la activación del Centro de Mando de la Alerta Nacional representa un viraje fundamental hacia la cultura de la inmediatez. Al operar de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y con la participación integrada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se establece un protocolo de reacción en cadena.
El principio rector es claro: las primeras horas tras el reporte de desaparición son determinantes. La obligación legal de abrir carpetas de investigación ante la primera denuncia disuelve las trabas administrativas y los criterios ambiguos que tradicionalmente postergaban las indagatorias.
Finalmente, es imperativo destacar que este plan de acción recoge de manera directa las propuestas técnicas y operativas planteadas por los colectivos civiles de búsqueda durante las mesas de trabajo. Al incorporar estas demandas a la agenda de prioridad nacional, el Estado mexicano asume el compromiso no solo de buscar con bases científicas, sino de avanzar firmemente hacia las garantías de verdad, justicia y no repetición.
