La senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante enfrenta una nueva controversia pública luego de que documentos oficiales revelaran que no reportó en sus declaraciones patrimoniales una propiedad ubicada en el municipio de Tecámac cuyo valor comercial estimado asciende a 36.5 millones de pesos. La legisladora, quien semanas atrás estuvo en el centro de la polémica por señalamientos relacionados con el sacrificio masivo de perros en el municipio durante su gestión como alcaldesa, aparece como propietaria de un terreno de más de 4 mil 400 metros cuadrados en la colonia Ozumbilla, predio donde actualmente se levantan construcciones residenciales de lujo.
La información fue dada a conocer a partir de documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México obtenidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los cuales muestran que la hoy senadora adquirió el terreno el 2 de diciembre de 2002. Sin embargo, en las declaraciones patrimoniales presentadas ante el Senado de la República en 2024 y 2025, Gutiérrez Escalante declaró no poseer bienes inmuebles, vehículos, inversiones, préstamos ni adeudos.
De acuerdo con los registros públicos, la legisladora únicamente reportó ingresos netos anuales derivados de su función pública: poco más de un millón de pesos en 2024 y alrededor de 517 mil pesos en 2025. El primer documento patrimonial fue entregado el 25 de octubre de 2024, semanas después de asumir el cargo como integrante de la Cámara Alta, mientras que la segunda declaración fue presentada el 30 de mayo de 2025.
La propiedad en cuestión se localiza en Ozumbilla, una de las comunidades históricas de Tecámac. El terreno, adquirido originalmente por 220 mil pesos, se transformó con el paso de los años en un complejo residencial con al menos dos construcciones principales, jardines ornamentales, áreas de estacionamiento y diversas estructuras consideradas de alto valor inmobiliario por especialistas consultados por MCCI. El inmueble ocupa más de la mitad de una manzana y, según estimaciones difundidas por la organización, equivale en dimensiones a unas 12 canchas de básquetbol.
Imágenes satelitales históricas muestran la evolución del predio desde un terreno árido hasta convertirse en una residencia de grandes dimensiones. En fotografías aéreas se observan techos de cristal y aluminio, jardines perimetrales, esculturas decorativas, espejos de agua y una amplia superficie pavimentada con capacidad para albergar decenas de vehículos. Desde el exterior, la propiedad permanece resguardada por bardas altas y accesos discretos que impiden observar el interior desde la vía pública.
La trayectoria política de Gutiérrez Escalante en Tecámac ha estado ligada al crecimiento urbano de la zona, particularmente tras la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El municipio mexiquense, considerado estratégico por su cercanía con la terminal aérea, ha registrado un crecimiento poblacional acelerado durante los últimos años. Antes de llegar a Morena, la actual senadora militó en el PRD y contendió en tres ocasiones por la presidencia municipal sin obtener el triunfo. Posteriormente logró la alcaldía bajo las siglas morenistas y gobernó entre 2018 y 2024.
Los documentos registrales también revelan que en marzo de 2015 la entonces aspirante política intentó transferir la propiedad a su hermano Jesús Gutiérrez Escalante mediante una figura jurídica de “dación en pago”. El aviso preventivo fue inscrito formalmente, aunque perdió vigencia semanas después y la transmisión nunca se concretó.
Otro de los elementos que intensificó el caso fue la denuncia presentada por periodistas de MCCI, quienes aseguraron haber sido agredidos y despojados de un dron durante una visita de verificación realizada en las inmediaciones de la propiedad. Según el relato de la organización, familiares de la senadora interceptaron al equipo periodístico luego de que realizaran tomas aéreas del inmueble.
Entre las personas señaladas por MCCI aparecen María Enriqueta Gutiérrez Escalante, Pedro Jimmy Gutiérrez Almazán, Carlos Suárez Gutiérrez y Paola Andrea Suárez Gutiérrez, identificados como familiares de la legisladora. De acuerdo con la denuncia, los involucrados habrían retenido por la fuerza el dron utilizado durante la cobertura y posteriormente un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó el vehículo donde se encontraban los periodistas, mientras elementos de la Guardia Civil municipal acudían al sitio.
La organización informó que presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Regional de Tecámac por la agresión y el robo del equipo. Los familiares de la senadora, por su parte, denunciaron a los comunicadores por presunto “acecho”, delito tipificado en el Código Penal del Estado de México. No obstante, el propio artículo 268 Quinquies establece que las actividades periodísticas y el ejercicio de la libertad de expresión no constituyen este ilícito cuando se trate de investigaciones sobre servidores públicos.
MCCI sostuvo además que durante varias horas los reporteros fueron objeto de intimidaciones dentro y fuera de la fiscalía local, donde presuntamente se intentó negociar el retiro de las denuncias a cambio de entregar las imágenes captadas durante la investigación. Hasta ahora, el dron reportado como robado no ha sido devuelto.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio público a la senadora morenista, tanto por las inconsistencias patrimoniales detectadas en documentos oficiales como por las acusaciones relacionadas con presuntos actos de intimidación contra periodistas que documentaban la existencia de la propiedad no reportada.
