El Gobierno de México obtuvo una histórica sentencia civil en una corte de Florida para recuperar 578.5 millones de dólares relacionados con la trama de corrupción y lavado de dinero operada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La resolución judicial representa uno de los mayores éxitos internacionales en materia de recuperación de activos públicos desviados y forma parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la red financiera vinculada al exfuncionario mexicano.
Tribunal de Miami condena a red empresarial ligada a García Luna
La sentencia fue emitida por un tribunal civil de Miami y señala directamente a los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, así como a empresas relacionadas con ambos, por participar en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF, la red empresarial conocida como Grupo Weinberg habría servido como estructura de apoyo financiero para ocultar recursos desviados desde instituciones de seguridad pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Las autoridades mexicanas sostienen que los implicados obtuvieron de manera irregular al menos 30 contratos públicos vinculados con organismos de Seguridad Nacional y posteriormente transfirieron los recursos a cuentas en paraísos fiscales y propiedades en Florida.
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La Secretaría de Hacienda informó que una corte en Florida falló a favor del Estado mexicano y condenó a integrantes de la familia Weinberg y… pic.twitter.com/IGMu9ZUfYL
Cómo operaba el esquema de corrupción y lavado de dinero
Según la UIF, el mecanismo consistía en adjudicar contratos públicos presuntamente amañados a empresas relacionadas con el Grupo Weinberg, las cuales posteriormente desviaban los fondos fuera de México mediante operaciones financieras trianguladas.
Parte del dinero habría sido utilizado para adquirir bienes raíces de lujo, activos financieros y propiedades en distintas jurisdicciones estadounidenses, principalmente en Florida.
La defensa de los empresarios aceptó el dictamen civil y acordó entregar los bienes identificados para proceder a su liquidación en favor del Estado mexicano.
Las autoridades precisaron que el acuerdo judicial corresponde exclusivamente al ámbito civil y no implica resoluciones penales en territorio estadounidense.
México supera los 3 mil millones de dólares recuperados
La nueva recuperación económica se suma a una sentencia previa emitida en mayo de 2025 por la jueza Lisa Walsh, quien condenó a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, al pago de más de 2 mil 448 millones de dólares.
Con ambos litigios, el monto total obtenido por el Gobierno mexicano en cortes de Florida asciende a aproximadamente 3 mil 67 millones de dólares a favor de la Tesorería de la Federación.
Especialistas consideran que se trata de uno de los procesos más relevantes impulsados por México para recuperar dinero público presuntamente saqueado mediante corrupción gubernamental y redes internacionales de lavado de activos.
García Luna continúa preso en Estados Unidos
Mientras avanzan los procedimientos de decomiso patrimonial, Genaro García Luna permanece encarcelado en Estados Unidos tras ser condenado a 38 años de prisión por una corte federal en Nueva York.
El juez Brian Cogan determinó que el exsecretario colaboró con el Cártel de Sinaloa y recibió sobornos millonarios a cambio de protección institucional durante su gestión en materia de seguridad pública.
Además, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum mantiene abiertas diversas investigaciones y órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos desvíos de recursos en cárceles federales y el operativo “Rápido y Furioso”.
La recuperación de activos marca precedente anticorrupción
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán los litigios civiles y financieros para rastrear recursos vinculados con la red de García Luna en distintos países.
La UIF sostiene que la estrategia de recuperación patrimonial busca no solo sancionar económicamente a los involucrados, sino también restituir al Estado mexicano parte del dinero presuntamente extraído mediante corrupción y operaciones ilícitas internacionales.