La adquisición de una aeronave oficial por parte del gobierno de Baja California, encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió al centro de la discusión pública luego de que revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaran que el aparato fue utilizado en al menos 111 ocasiones entre 2023 y 2024 para traslados de la mandataria estatal, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia sobre su operación y por el elevado costo que representa para las finanzas públicas.
La aeronave, un Beechcraft King Air con matrícula XC-BCN y registro XH-BCN, fue adquirida en 2023 a la Secretaría de Marina como parte de la estrategia impulsada por el gobierno federal para desincorporar bienes y automotores que ya no tenían uso dentro de dependencias federales. La operación tuvo un costo superior a los 7.6 millones de pesos, aunque el gasto total destinado al avión se incrementó posteriormente debido a trabajos de mantenimiento y adecuaciones.
De acuerdo con la información revisada por la ASF, la aeronave comenzó a ser utilizada de manera constante para movilizaciones oficiales de la gobernadora y miembros de su administración. Sin embargo, hasta ahora no existe un informe público detallado por parte del gobierno estatal sobre las rutas realizadas, objetivos de los vuelos, número de pasajeros transportados o criterios de operación del aparato.
La ausencia de información oficial ha provocado cuestionamientos desde distintos sectores sociales y políticos en Baja California, particularmente porque el uso de aeronaves oficiales ha sido un tema sensible desde que Morena asumió el poder bajo un discurso centrado en la austeridad republicana y la reducción de privilegios en el servicio público.
Las críticas aumentaron debido al costo operativo del avión. Diversas estimaciones refieren que cada hora de vuelo tendría un costo cercano a los 4 mil 500 dólares, cifra que incluye combustible, permisos aeronáuticos, resguardo, mantenimiento especializado, personal técnico y pilotos capacitados, además de otros gastos logísticos asociados con la operación de una aeronave ejecutiva.
La polémica también alcanzó otro nivel luego de revelarse que antes de integrarse al servicio oficial del gobierno de Baja California, el Beechcraft King Air fue enviado a Nuevo León para recibir mantenimiento y acondicionamiento, proceso por el que se habrían destinado hasta 3 millones de pesos adicionales.
En distintos momentos, la gobernadora ha sido cuestionada públicamente sobre el uso de la aeronave y los costos derivados de su operación. No obstante, sus respuestas han sido limitadas y, según registros de entrevistas y conferencias, su reacción frente a los cuestionamientos ha sido visible por el tono de molestia mostrado ante medios de comunicación.
El caso ocurre en un contexto nacional donde el uso de recursos públicos para transporte aéreo continúa siendo tema de debate político. Durante los últimos años, Morena y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsaron una narrativa enfocada en eliminar gastos considerados excesivos dentro de los gobiernos, incluida la utilización de aeronaves oficiales para funcionarios de alto nivel.
En Baja California, las críticas no solo se concentran en la compra del avión, sino en la falta de claridad sobre los beneficios concretos que la aeronave aporta a las tareas gubernamentales y en la ausencia de mecanismos públicos que permitan conocer si los vuelos realizados correspondieron estrictamente a actividades oficiales.
