La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó un duro mensaje contra el Gobierno federal y la Fiscalía General de la República luego de acudir a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, donde aseguró haber sido citada “de manera muy extraña” bajo la figura de testigo, pero con la intención de construir un proceso en su contra.
Frente a medios de comunicación, la mandataria estatal afirmó que decidió presentarse públicamente “porque tiene la dignidad para hacerlo” y acusó un uso político de las instituciones federales. En un discurso de tono confrontativo, Campos sostuvo que existe una estrategia para perseguirla por las acciones emprendidas durante su administración en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
“Pues hoy estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso de las instituciones federales. Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo”, declaró la gobernadora al salir de la Fiscalía.
La titular del Ejecutivo estatal aseguró que su administración ha colaborado “sin reservas” con las autoridades federales y defendió las políticas implementadas en Chihuahua para combatir el tráfico y distribución de drogas. “Trabajé, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicción”, expresó.
Sin embargo, denunció que la citación realizada por la FGR se dio bajo condiciones que, a su juicio, vulneraron el marco legal y constitucional.
“Hace unos días, y de manera muy extraña, me citaron. Y hay que decirlo con toda claridad. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso”, afirmó.
Campos acusó además que las autoridades federales no respetaron “las formas” ni la ley durante el procedimiento. Señaló que se atropelló la protección constitucional inherente al cargo que ocupa como gobernadora electa por los ciudadanos de Chihuahua y advirtió sobre lo que calificó como un clima de autoritarismo en el país.
“Hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo ya totalitarismo, al que todos estamos expuestos. Un autoritarismo que se permite violar la Constitución sin consecuencias y sin rubor alguno”, sostuvo.
En otro momento de su posicionamiento, la gobernadora panista contrastó su situación con los señalamientos que han enfrentado funcionarios y actores políticos vinculados al estado de Sinaloa. Sin mencionar nombres específicos, aseguró que mientras a ella se le persigue “con todo el peso del aparato del Estado”, otras personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico reciben un trato distinto.
“Es inminente el doble rasero de este régimen morenista. Mientras a una gobernadora que sigue dando resultados la persigue con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan inmunidad absoluta”, declaró.
La mandataria insistió en que existe una diferencia entre los casos que involucran acusaciones relacionadas con crimen organizado y la investigación en la que fue requerida por la FGR. “Que quede muy claro, no se trata de casos y no es lo mismo”, enfatizó.
Asimismo, acusó a Morena y a la llamada Cuarta Transformación de intentar desviar la atención de las crisis de seguridad y de los señalamientos que, afirmó, pesan sobre actores ligados al oficialismo. “Por más que busque Morena y la 4T empatar cartones para cubrir sus crisis y sus vínculos con el crimen organizado, ellos están acorralados por la realidad que dolorosamente vive su Estado”, sostuvo.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido información oficial detallando el motivo de la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua ni el carácter jurídico de la diligencia en la que participó. Tampoco se han dado a conocer posibles investigaciones formales en su contra.
El pronunciamiento de Campos ocurre en un contexto de creciente confrontación entre gobiernos estatales de oposición y el Gobierno federal, particularmente en temas relacionados con seguridad, procuración de justicia y presuntas investigaciones federales contra actores políticos.
