Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa el 1 de mayo de 2026, se presentó voluntariamente a declarar ante la delegación de la FGR en Culiacán como parte de la investigación abierta en México derivada de las acusaciones formuladas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra él y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa (facción de los Chapitos).
En su posicionamiento, Rocha Moya enfatizó: “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando”.
Esta comparecencia forma parte de un proceso en el que también han declarado otros involucrados, como el senador Enrique Inzunza y el vicefiscal Dámaso Castro. Hasta el momento, la FGR no ha emitido cargos formales públicos contra Rocha Moya en territorio mexicano, aunque mantiene abierta la carpeta de investigación para evaluar la información proporcionada por Estados Unidos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rubén Rocha Moya no cuenta con Notificación Roja (ficha roja) de Interpol. La dependencia federal realizó consultas con instancias nacionales e internacionales y confirmó que no existe ninguna alerta roja en su contra, por lo que no hay orden de captura internacional activa derivada de este caso. Esta información fue difundida el 27 de mayo de 2026, un día después de su comparecencia ante la FGR.
