La mayoría legislativa en el Congreso avanzó en una serie de decisiones que, acumuladas durante casi una década, han permitido ampliar de manera progresiva la permanencia de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un proceso que especialistas, opositores y actores del propio oficialismo han señalado como una captura política del máximo órgano electoral del país.
El origen del actual diseño se remonta a 2016, cuando el Senado eligió a siete magistrados electorales con periodos escalonados para integrar la Sala Superior. De aquella generación permanecen actualmente cuatro integrantes: Mónica Soto y Felipe de la Mata, designados originalmente para concluir su encargo en 2025, así como Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes habían sido nombrados inicialmente hasta 2022.
Sin embargo, incluso antes de que los magistrados asumieran funciones en noviembre de ese año, el Congreso de la Unión modificó los plazos originalmente establecidos. Con el respaldo de las mayorías del PRI y el PAN, el Senado amplió el periodo de cinco magistrados electorales. En el caso de Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, el encargo pasó de seis a ocho años, extendiéndose hasta 2024. Aquella determinación generó críticas y cuestionamientos jurídicos, debido a que la Constitución establece reglas específicas para la duración de los cargos judiciales y porque la modificación ocurrió después de concretados los nombramientos.
En ese momento, diversos analistas interpretaron la ampliación como un intento de las fuerzas políticas tradicionales para mantener influencia dentro del Tribunal Electoral ante la posibilidad de un triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. La intención, según esas lecturas, era impedir que un eventual nuevo gobierno pudiera reconfigurar rápidamente el equilibrio interno del órgano encargado de calificar las elecciones federales.
Tras la victoria electoral de López Obrador y el ascenso de Morena al poder, la correlación política alrededor del Tribunal Electoral cambió de manera gradual. A lo largo del sexenio comenzaron a multiplicarse las resoluciones del TEPJF favorables a posiciones impulsadas por el gobierno federal y por Morena, mientras crecían las críticas desde la oposición sobre una presunta pérdida de independencia de la Sala Superior.
El debate reapareció con fuerza en 2024, durante la aprobación de la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Aunque el discurso central de la reforma se construyó sobre la necesidad de renovar y “limpiar” al Poder Judicial mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral quedaron excluidos de una salida inmediata. Por el contrario, los cuatro magistrados que seguían en funciones recibieron una nueva ampliación para permanecer en sus cargos hasta 2027.
La discusión volvió a escalar la semana pasada, cuando se planteó mover la elección judicial prevista para 2027 hacia 2028. En términos prácticos, la modificación implicaría otorgar un año adicional a los actuales magistrados electorales, quienes permanecerían en funciones hasta ese nuevo calendario.
No obstante, el punto más polémico llegó durante la madrugada de este jueves, cuando legisladores aprobaron una reserva que permitiría a esos mismos magistrados competir nuevamente en la elección judicial de 2028. En caso de resultar electos, podrían mantenerse en el cargo hasta 2034, lo que abriría la posibilidad de que algunos integrantes de la Sala Superior acumulen hasta 18 años consecutivos dentro del máximo tribunal electoral del país.
La medida provocó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió públicamente que existe una contradicción entre el discurso de renovación judicial y la posibilidad de extender de manera extraordinaria la permanencia de magistrados que originalmente fueron designados por periodos de seis o nueve años. El legislador sostuvo que no puede defenderse una transformación profunda del Poder Judicial mientras se habilitan mecanismos para prolongar la permanencia de los actuales integrantes del Tribunal Electoral.
La discusión ahora se traslada al Senado de la República, donde aún podría modificarse o frenarse la reforma aprobada en la Cámara de Diputados. El tema ha colocado nuevamente en el centro del debate la autonomía del Tribunal Electoral, órgano clave para la organización institucional de las elecciones y la resolución de controversias político-electorales en México.
Organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional han advertido que las ampliaciones sucesivas de mandato pueden sentar precedentes delicados sobre la estabilidad de las reglas institucionales y la independencia de los órganos jurisdiccionales. La controversia también revive el debate sobre el uso de mayorías legislativas para alterar periodos previamente establecidos y sobre el impacto que dichas decisiones pueden tener en la confianza pública hacia las instituciones electorales del país.
