La asignación de recursos públicos en el Senado de la República volvió a colocarse bajo escrutinio luego de que se revelara que Emiliano González González, colaborador cercano del senador morenista Gerardo Fernández Noroña y conocido públicamente por desempeñarse como camarógrafo del legislador, recibió pagos por 1 240 000 pesos a través de contratos por honorarios suscritos entre mayo de 2025 y junio de 2026.
La información dada a conocer por Emeequis surge de cuatro contratos de prestación de servicios profesionales firmados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, documentos que acreditan una relación contractual continua durante más de un año, pese a que el nombre de González no figura en los registros oficiales de asesores del Senado.
El caso ha generado cuestionamientos debido a la naturaleza de las funciones descritas en los contratos y a la evolución de las actividades para las que fue contratado. González saltó a la conversación pública el 27 de agosto de 2025, cuando resultó lesionado durante un altercado ocurrido en la Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado. En aquella ocasión intentaba grabar con una cámara de 360 grados un enfrentamiento verbal y físico entre el entonces presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”.
Tras el incidente, Fernández Noroña presentó públicamente a González como parte de su equipo de trabajo y anunció acciones legales por las lesiones sufridas por su colaborador, quien reportó afectaciones en el brazo izquierdo y el cuello después de ser empujado durante la confrontación.
Sin embargo, más allá de aquel episodio, la documentación contractual muestra que González mantenía una relación remunerada con el Senado desde meses antes. El primer contrato estuvo vigente del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 y contempló un pago total de 220 mil pesos. Un segundo convenio, que cubrió el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de ese mismo año, otorgó una cantidad idéntica. Posteriormente, un tercer contrato, vigente entre septiembre y diciembre de 2025, elevó el monto a 320 mil pesos, mientras que un cuarto acuerdo, correspondiente al primer semestre de 2026, alcanzó los 480 mil pesos.
La suma de los cuatro instrumentos asciende a 1 millón 240 mil pesos antes de la retención del Impuesto Sobre la Renta. Todos los documentos fueron firmados por la entonces directora general de Recursos Humanos del Senado, Elvia Lucía Aguillón Moreno, y aparecen vinculados al mismo número de prestador de servicios y al mismo registro fiscal institucional.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la transformación de las funciones asignadas al colaborador. Los dos primeros contratos establecen que González fue contratado para realizar actividades de asesoría, investigación, recopilación y análisis relacionados con el proceso legislativo. No obstante, a partir de septiembre de 2025, el perfil profesional descrito en los documentos cambió de manera significativa.
Los contratos posteriores lo presentan como asesor en materias vinculadas con recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, finanzas, contabilidad, alimentación, logística, protección civil, seguridad, salud, telecomunicaciones y aspectos jurídicos. La amplitud de responsabilidades contrasta con la imagen pública por la que se hizo conocido, relacionada principalmente con labores audiovisuales y de cobertura de actividades legislativas.
Además, los contratos de mayor cuantía incorporan la obligación de presentar informes sobre las asesorías realizadas, así como cláusulas que permiten modificar los montos durante la vigencia de los acuerdos mediante convenios complementarios.
Otro elemento relevante es la continuidad de la relación contractual. Aunque cada documento establece expresamente que se trata de contratos por tiempo determinado que no podrán ser prorrogados ni renovados, las fechas de inicio y conclusión muestran una sucesión prácticamente ininterrumpida. Un contrato concluye el mismo día previo al inicio del siguiente, generando en los hechos una colaboración continua durante trece meses.
La estructura contractual encuentra sustento en la dinámica legislativa prevista por la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General, que contempla periodos ordinarios de sesiones con fechas específicas de inicio. Bajo ese esquema, el Senado celebra contrataciones temporales asociadas a las actividades parlamentarias.
A los recursos recibidos por honorarios se suma otro gasto relacionado con González. Diversos reportes periodísticos documentaron que formó parte de la comitiva que acompañó a Fernández Noroña a Roma en junio de 2025 para asistir a la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso. De acuerdo con la información difundida, para ese desplazamiento se autorizaron viáticos superiores a los 103 mil pesos. Tras la comprobación de gastos, se habría reintegrado una cantidad menor a 5 mil pesos, por lo que el desembolso neto rondó los 98 mil pesos.
Si se consideran tanto los contratos por honorarios como los recursos destinados a ese viaje internacional, el monto total de recursos públicos asociados a Emiliano González durante el periodo analizado se aproxima a 1.34 millones de pesos.
La revelación de estos contratos ocurre en un contexto de creciente debate sobre los mecanismos de contratación dentro del Poder Legislativo, particularmente respecto a la transparencia de los servicios profesionales por honorarios y los criterios utilizados para asignar funciones especializadas. El caso ha despertado cuestionamientos debido a la diferencia entre la actividad pública por la que González se volvió conocido y el amplio catálogo de atribuciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas que aparecen consignadas en los documentos oficiales.
