El secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez, presentó ante la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional una propuesta de reforma constitucional que plantea cambios de fondo en la estructura política e institucional de Venezuela, entre ellos la eliminación de la reelección indefinida, el restablecimiento de un Poder Legislativo bicameral, la creación de garantías presupuestarias para salarios y una reducción significativa del aparato burocrático estatal.

La iniciativa fue entregada en el marco del proceso de consultas impulsado por la comisión creada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para evaluar una reestructuración integral del Estado venezolano. Dicha instancia fue instalada formalmente a comienzos de junio y tiene la misión de recibir propuestas orientadas a modernizar la administración pública, simplificar estructuras gubernamentales y formular recomendaciones para una eventual transformación institucional.

De acuerdo con el planteamiento presentado por Acción Democrática, uno de los cambios más relevantes consiste en suprimir la posibilidad de reelección indefinida para cargos de elección popular, una figura incorporada al sistema político venezolano a partir de reformas constitucionales aprobadas durante el gobierno de Hugo Chávez. La organización sostiene que la alternabilidad en el poder debe convertirse nuevamente en un principio rector de la vida democrática del país.

La propuesta también contempla el regreso del Congreso bicameral mediante la recuperación de las cámaras de Senadores y Diputados, esquema que Venezuela mantuvo hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1999, cuando se instauró la actual Asamblea Nacional unicameral. Según la argumentación presentada por Acción Democrática, el retorno de un sistema bicameral contribuiría a fortalecer los mecanismos de control institucional y el equilibrio entre poderes.

Otro de los aspectos incluidos en el documento busca establecer una garantía presupuestaria específica para la protección de sueldos y salarios. La iniciativa plantea que el Estado disponga de mecanismos constitucionales que permitan asegurar recursos destinados a las remuneraciones de trabajadores y empleados públicos, en un contexto donde el deterioro del poder adquisitivo ha sido uno de los principales temas de debate económico en Venezuela.

En materia administrativa, Bernabé Gutiérrez defendió la necesidad de simplificar la estructura gubernamental mediante una reducción considerable del número de ministerios y viceministerios. La propuesta argumenta que una burocracia más compacta permitiría mejorar la eficiencia del gasto público, agilizar la toma de decisiones y optimizar el funcionamiento del Estado.

La presentación de estas propuestas ocurre en medio del proceso de consultas promovido por la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional, organismo que fue creado por decreto de Delcy Rodríguez con el objetivo de elaborar una nueva estructura administrativa adaptada a las condiciones actuales del país. La comisión, encabezada por los funcionarios Héctor Rodríguez y Ricardo Menéndez, dispone de un plazo para recabar planteamientos provenientes de distintos sectores políticos, sociales e institucionales antes de formular conclusiones al Ejecutivo.

Con esta iniciativa, Acción Democrática busca fijar posición dentro de la discusión nacional sobre la reorganización del Estado venezolano y plantea que cualquier proceso de reingeniería gubernamental debe estar acompañado por reformas constitucionales orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática, promover la alternancia política, mejorar los controles entre poderes y racionalizar el funcionamiento de la administración pública.

Hasta el momento, las autoridades responsables de la comisión presidencial no han anunciado si las propuestas presentadas por Acción Democrática formarán parte de un eventual proyecto de reforma constitucional ni han precisado cuáles de las iniciativas recibidas serán incorporadas al documento final que será evaluado por el Ejecutivo venezolano.