La polémica por el uso del Castillo de Chapultepec durante los preparativos del Mundial de Futbol 2026 escaló a instancias federales. Un grupo de investigadores afiliados al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido y renta ilegal del Alcázar del Castillo de Chapultepec para una gala organizada por la FIFA.
El caso ha abierto un debate sobre los límites legales para el aprovechamiento de espacios históricos y culturales administrados por el Estado mexicano, así como sobre la compatibilidad entre la promoción internacional del país y la protección del patrimonio nacional.
¿Por qué denuncian la renta del Castillo de Chapultepec?
La controversia surgió tras la realización de una cena de gala organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
De acuerdo con los denunciantes, la legislación vigente en materia de monumentos históricos y el reglamento interno del museo prohíben la realización de eventos sociales, corporativos o privados dentro de este tipo de inmuebles protegidos.
Los especialistas sostienen que el cobro realizado por el uso del espacio podría constituir una violación a las disposiciones destinadas a preservar el patrimonio cultural de la nación. Asimismo, argumentan que la utilización comercial de un recinto histórico de esta relevancia contraviene el espíritu de protección establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
FIFA y el Castillo de Chapultepec: el origen de la polémica
Según la información difundida por diversos medios, la FIFA organizó una cena privada con invitados nacionales e internacionales en el Castillo de Chapultepec, evento por el que habría realizado un pago superior al millón de pesos.
La reunión formó parte de las actividades protocolarias y de promoción relacionadas con la Copa Mundial de Futbol que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.
La realización del evento provocó cuestionamientos entre académicos, historiadores y especialistas en conservación patrimonial, quienes consideran que el uso de inmuebles históricos debe apegarse estrictamente a la normativa vigente.
La postura de Claudia Sheinbaum ante la controversia
Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas relacionadas con el evento y señaló que su participación se limitó a la lectura de un mensaje institucional.
La mandataria afirmó que no permaneció en la cena posterior organizada por la FIFA. Sin embargo, declaraciones previas en las que mencionó la posibilidad de que ciudadanos pudieran rentar espacios similares para celebraciones privadas generaron nuevas reacciones entre especialistas y trabajadores del sector cultural.
INAH defiende el evento y rechaza afectaciones al patrimonio
Frente a las críticas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió una tarjeta informativa en la que defendió la realización de la gala.
La institución argumentó que el encuentro tuvo un carácter diplomático y cultural, enfocado en promover la imagen de México ante representantes internacionales vinculados con la organización del Mundial 2026.
Asimismo, sostuvo que el cobro efectuado se realizó conforme a los derechos establecidos en la normatividad aplicable y que se implementaron protocolos especiales de conservación, protección civil y resguardo del inmueble para evitar cualquier daño al recinto histórico.
Debate sobre patrimonio cultural y eventos privados
La denuncia presentada ante la FGR reaviva una discusión recurrente sobre el uso de espacios históricos para actividades de carácter institucional, promocional o privado.
Por un lado, las autoridades defienden este tipo de eventos como herramientas para proyectar la riqueza cultural de México ante el mundo. Por otro, investigadores y especialistas consideran que la prioridad debe ser la preservación de los monumentos históricos y el estricto cumplimiento de la legislación patrimonial.
