La trágica muerte de Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó de un predio privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, no es solo la historia de un animal que pagó con su vida un operativo fallido. Es el reflejo de problemas estructurales más profundos en el manejo de fauna silvestre en cautiverio y en los protocolos de rescate que aplican las autoridades ambientales mexicanas.
Kenzo escapó el 27 de junio de las instalaciones de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) autorizado. Durante cinco días, las autoridades desplegaron un operativo interinstitucional con drones térmicos, personal de Protección Civil, policías y especialistas. La población de la zona vivió con temor y se suspendieron clases. El 2 de julio el animal fue localizado. Según el comunicado oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los veterinarios intentaron inmovilizarlo con dardos tranquilizantes, pero el felino atacó al personal.
Ante el riesgo inminente para la vida de los involucrados, se activó el protocolo de “contención letal” y se realizaron disparos. Posteriormente se le brindó atención médica por parte de equipos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), el Parque Zoológico de Moroleón y Reino Animal, pero Kenzo no sobrevivió.
Inicialmente, la Profepa informó que el tigre había sido asegurado y se encontraba recibiendo atención médica por lesiones menores, con planes de traslado al Zoológico de Zacango. Horas después confirmó su muerte. Esta discrepancia en la comunicación oficial generó desconfianza y fue duramente criticada.
La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), presidida por Ernesto Zazueta, emitió un posicionamiento fuerte. Señaló que el desenlace evidencia “graves deficiencias” en la forma en que la Profepa conduce los operativos de rescate de fauna silvestre. Zazueta cuestionó la experiencia del equipo veterinario a cargo (nombrando específicamente a Ivonne Casaigne y Fernando Marín) y afirmó que carecían de la certificación especializada requerida para este tipo de procedimientos de alto riesgo.
Además, acusó a la autoridad de realizar “montajes” al difundir información que presentaba al animal como estable cuando, según su versión, ya se encontraba caído. La AZCARM insistió en que se requiere mayor capacitación, equipo especializado y protocolos más rigurosos para evitar que un rescate termine en tragedia.
La responsabilidad principal de la fuga recae en el centro privado. Los PIMVS deben garantizar condiciones de contención seguras conforme a la Ley General de Vida Silvestre. Las irregularidades detectadas por la Profepa (jaulas no autorizadas y áreas en construcción o rehabilitación) derivaron en la clausura temporal del establecimiento y el aseguramiento de otros nueve ejemplares. Esto es correcto, pero llega tarde: la fuga ya había ocurrido y expuso tanto a la población como al propio animal.
El caso Kenzo deja varias lecciones urgentes. México cuenta con numerosos centros que manejan especies exóticas y potencialmente peligrosas. Se necesita mayor supervisión preventiva de estos lugares, no solo reactiva tras un incidente. Asimismo, los equipos de rescate de fauna silvestre deben contar con personal altamente especializado, certificado y con experiencia comprobada en el manejo de grandes carnívoros. La diferencia entre un operativo exitoso y uno letal puede radicar precisamente en esa preparación.
La Profepa y la Semarnat lamentaron la pérdida y reiteraron su compromiso con la protección de la vida silvestre. Ahora corresponde demostrarlo con una investigación transparente que aclare la secuencia exacta de los hechos, las calificaciones del personal veterinario involucrado y las medidas correctivas que se aplicarán tanto al centro como a los protocolos institucionales. Solo así se podrá evitar que otro animal termine pagando con su vida las consecuencias de fallas que son previsibles y evitables.
La muerte de Kenzo no debe quedar en el olvido como una noticia más del día. Debe servir como catalizador para elevar los estándares de manejo responsable de fauna silvestre en cautiverio y de los operativos de rescate en nuestro país. La vida de los animales bajo custodia humana merece, al menos, que quienes los protegen estén debidamente preparados para hacerlo.
