La decisión de la UNAM de presentar una denuncia penal por fraudes en el proceso de admisión a licenciaturas representa un acto de responsabilidad institucional que merece ser reconocido. En un país donde el acceso a la educación superior de calidad sigue siendo uno de los principales motores de movilidad social, cualquier intento de distorsionar los mecanismos de selección mediante engaños no solo afecta a la universidad, sino que golpea directamente a miles de jóvenes y sus familias que invierten tiempo, esfuerzo y recursos con la esperanza de un futuro mejor.
Durante la segunda jornada del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, 158 mil 712 aspirantes presentaron el examen. La gran mayoría lo hizo de manera correcta y dentro de las reglas establecidas por la convocatoria. Sin embargo, la UNAM detectó irregularidades en aproximadamente el 1.3 % de los casos, entre las que destacan intentos de suplantación de identidad y la comercialización de servicios fraudulentos por parte de personas y empresas que prometían “garantizar” el ingreso o facilitar la prueba. Estos esquemas no son nuevos, pero su detección oportuna gracias al uso de plataformas con inteligencia artificial demuestra que la tecnología puede ser una aliada poderosa para proteger la transparencia de procesos masivos.
Presentar una denuncia penal el pasado 3 de julio ante las autoridades competentes de la Ciudad de México no es un acto de revancha, sino una medida necesaria para investigar y, en su caso, sancionar conductas que podrían constituir delitos. La universidad ha sido clara al señalar que su objetivo es evitar que más familias sean víctimas de estafas y que se preserve la integridad del proceso. Esta postura contrasta con la pasividad que en ocasiones se ha percibido en otras instituciones educativas ante problemas similares.
El impacto de estos fraudes trasciende lo numérico. Cada aspirante que intenta burlar el sistema mediante suplantación o servicios pagos desplaza, aunque sea de manera indirecta, a otro joven que sí cumplió con las reglas del juego. En un contexto donde la competencia por un lugar en la UNAM es feroz y donde muchos jóvenes de escasos recursos ven en esta institución su única oportunidad real de acceder a educación de excelencia, cualquier distorsión del proceso resulta especialmente grave. Las familias que pagan por servicios fraudulentos no solo pierden dinero, sino también la confianza en un sistema que debería premiar el mérito y el esfuerzo.
La UNAM ha reiterado su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores. Esta declaración no debe quedarse en el papel. La denuncia penal abre la puerta a una investigación seria que, idealmente, permita identificar a los responsables —tanto a quienes ofrecen los servicios como a quienes los contratan— y establecer precedentes claros. Al mismo tiempo, es fundamental que la universidad continúe fortaleciendo sus mecanismos de supervisión, invirtiendo en tecnología de detección y comunicando de manera transparente los resultados de estas acciones.
La sociedad mexicana necesita instituciones que defiendan con hechos sus valores. La UNAM, como máxima casa de estudios del país, tiene la obligación de liderar con el ejemplo. Al actuar con firmeza contra el fraude en sus procesos de admisión, envía un mensaje claro: el acceso a la educación superior no se compra ni se manipula. Se gana con preparación, honestidad y respeto a las reglas. Esa es la mejor forma de honrar a los cientos de miles de jóvenes que cada año se esfuerzan por ingresar a una de las universidades más importantes de América Latina.
