La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada por un periodo de cinco años la información relacionada con las comunicaciones sostenidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, ambos mencionados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses. La dependencia argumentó que la divulgación de esos documentos podría afectar la relación de confianza entre ambos países y comprometer los mecanismos de cooperación diplomática.
La decisión quedó asentada en una resolución emitida por la Cancillería como respuesta a solicitudes de acceso a la información presentadas por El Sol de México, mediante las cuales se requirió conocer el contenido de las comunicaciones diplomáticas, gestiones institucionales e intercambios entre ambos gobiernos relacionados con la situación de los dos políticos sinaloenses.
De acuerdo con la respuesta oficial, la reserva de la información alcanza las comunicaciones diplomáticas, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación bilateral, análisis institucionales y otros documentos elaborados en el marco de la interlocución entre México y Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que hacer públicos esos documentos vulneraría la expectativa de confidencialidad que existe entre funcionarios de ambos gobiernos y podría afectar el trabajo cotidiano de las representaciones diplomáticas.
En la resolución, la dependencia señaló que “su divulgación violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para con el Gobierno de México, lo cual podría menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones en ambos países”.
Asimismo, el Comité de Transparencia de la Cancillería concluyó que la difusión de esa información también podría afectar la imagen internacional de México y limitar futuros mecanismos de cooperación bilateral con otros gobiernos, al tratarse de documentación relacionada con estrategias diplomáticas y posiciones institucionales compartidas bajo criterios de confidencialidad.
La respuesta oficial fue emitida después de que la Unidad de Transparencia de la SRE turnó las solicitudes a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, áreas que determinaron que la información debía clasificarse conforme a las disposiciones previstas en la legislación de transparencia.
Además de esa reserva por cinco años, el Gobierno de México determinó clasificar por un periodo de tres años las minutas correspondientes a la reunión celebrada el 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Ese encuentro adquirió relevancia pública luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que durante la reunión el funcionario estadounidense habría planteado la posibilidad de que Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza enfrentaran en Estados Unidos las investigaciones que existen en su contra. Sin embargo, el contenido oficial de la reunión permanecerá reservado durante el plazo determinado por las autoridades mexicanas.
Las solicitudes de acceso a la información fueron presentadas el pasado 26 de mayo con el propósito de conocer el contenido de las conversaciones sostenidas entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los funcionarios sinaloenses, así como las eventuales acciones de cooperación bilateral derivadas de las investigaciones estadounidenses.
La resolución de la Cancillería ocurre cuando se cumplen aproximadamente 70 días desde que el gobierno de Estados Unidos, a través de autoridades federales, dio a conocer acusaciones contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Al presentar esas acusaciones, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que los señalados “utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Desde que se hicieron públicas las investigaciones estadounidenses, el Gobierno de México ha sostenido que todas las personas señaladas gozan de la presunción de inocencia y que cualquier responsabilidad deberá acreditarse mediante pruebas y conforme a los procedimientos legales correspondientes.
La decisión de reservar la información refleja la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de privilegiar la confidencialidad de las comunicaciones diplomáticas con Estados Unidos, al considerar que su difusión podría afectar la cooperación bilateral en materia de seguridad, justicia e intercambio institucional, mientras continúan abiertas las investigaciones de las autoridades estadounidenses relacionadas con funcionarios de Sinaloa.
