La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, anunció que presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con datos personales, entre ellos la Clave Única de Registro de Población (CURP), al considerar que este mecanismo representa una vulneración a derechos fundamentales y podría dejar incomunicados a millones de usuarios.

La legisladora informó que la propuesta será presentada este miércoles y contempla la derogación de diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de líneas celulares como requisito para su activación o permanencia. En concreto, plantea eliminar el artículo 103, el artículo 164, fracción III, así como el artículo Trigésimo Transitorio de dicha legislación.

De acuerdo con Barrales, la reforma busca dejar sin efectos el esquema que obliga a las personas usuarias de telefonía móvil a proporcionar información personal para conservar el servicio, al considerar que condiciona el acceso a un derecho reconocido constitucionalmente.

La iniciativa también propone que toda la información recopilada durante la aplicación de este mecanismo sea destruida de manera definitiva, con el propósito de evitar que esos datos personales puedan ser reutilizados, transferidos o empleados con fines distintos por autoridades o particulares.

La senadora sostuvo que el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones constituye un derecho reconocido en la Constitución, por lo que cualquier medida que limite o condicione ese acceso debe analizarse bajo criterios de protección de los derechos humanos, particularmente los relacionados con la privacidad, la libertad de comunicación y la protección de datos personales.

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social X, Barrales defendió la propuesta al afirmar que ningún gobierno debería tener la facultad de dejar incomunicadas a las personas por negarse a entregar sus datos personales. En ese sentido, aseguró que la seguridad pública no debe utilizarse como argumento para establecer medidas que, a su juicio, afectan libertades fundamentales.

La legisladora enfatizó que el acceso a una línea de telefonía móvil dejó de ser un servicio accesorio para convertirse en una herramienta indispensable para la vida cotidiana, al ser utilizada para actividades laborales, comunicación familiar, operaciones bancarias, atención de emergencias, educación y acceso a múltiples servicios digitales.

Desde esa perspectiva, advirtió que condicionar la permanencia de una línea telefónica al cumplimiento de un registro obligatorio abre la posibilidad de que millones de personas pierdan un medio esencial de comunicación, con impactos que trascienden el ámbito tecnológico y alcanzan derechos sociales y económicos.

Como parte de los argumentos que respaldan la iniciativa, Barrales señaló que una encuesta reciente refleja que cerca del 50 por ciento de las personas consultadas rechaza entregar su CURP y otros datos personales como requisito para conservar su línea telefónica. A partir de ese resultado, sostuvo que la ciudadanía demanda medidas efectivas para combatir la inseguridad, pero sin sacrificar el derecho a la privacidad.

La propuesta legislativa también incorpora un apartado para ordenar la eliminación definitiva de toda la información personal obtenida mediante el esquema de registro obligatorio, con el objetivo de impedir que esos datos permanezcan disponibles para futuros usos, transferencias o aprovechamientos que excedan el propósito original del mecanismo.

Barrales argumentó que el combate a delitos como la extorsión debe fortalecerse mediante instituciones más eficaces, investigaciones profesionales y el uso de herramientas de inteligencia, en lugar de implementar medidas que, desde su perspectiva, trasladan la carga a la ciudadanía y afectan derechos constitucionales.

Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano buscará abrir un nuevo debate legislativo sobre el equilibrio entre las políticas de seguridad pública y la protección de los derechos digitales, la privacidad y la libertad de comunicación, en un contexto en el que el registro obligatorio de líneas telefónicas ha generado cuestionamientos por sus posibles implicaciones sobre el tratamiento de datos personales y el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

La propuesta comenzará su trámite legislativo una vez que sea presentada formalmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde deberá ser turnada para su análisis y eventual discusión.