La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no cuenta con pruebas suficientes que permitan acreditar en territorio mexicano los señalamientos formulados por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a que la institución mantiene abierta una investigación derivada de la solicitud de detención con fines de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza, explicó que la carpeta de investigación continúa en integración y que, con base en la información remitida por Estados Unidos, la FGR ha realizado diversas diligencias ministeriales para determinar si existen elementos que satisfagan los estándares probatorios exigidos por la legislación mexicana.
El funcionario precisó que, hasta ahora, esos requisitos no se han cumplido.
“Con base en lo señalado en esta solicitud, no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”, declaró Boone de la Garza.
El fiscal explicó que la dependencia ha desarrollado una investigación amplia a partir de la petición estadounidense, la cual ha incluido entrevistas ministeriales, recepción de reportes e informes, así como otras diligencias para corroborar los hechos denunciados.
“Se llevaron a cabo las entrevistas ministeriales que ustedes seguramente advirtieron, en su momento citaron a las 10 personas, se han recibido reportes, informes, ha sido muy exhaustiva la investigación”, sostuvo.
Las declaraciones se producen después de que el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y de otros señalados, petición que dio origen a las investigaciones correspondientes en México. No obstante, Boone aclaró que la solicitud sigue su curso conforme al procedimiento previsto en la Ley de Extradición Internacional y que las autoridades mexicanas continúan requiriendo información adicional para sustentar la petición.
En ese contexto, el funcionario rechazó que el caso pueda resolverse mediante un traslado inmediato de los requeridos a territorio estadounidense con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, mecanismo que en meses recientes ha sido utilizado en otros asuntos de alto perfil.
“Lo que nos están pidiendo es una detención para efectos de extradición, como una medida urgente, que se ha pedido que expliquen por qué es urgente, estamos esperando, están siguiendo la ley de extradición”, indicó.
Boone de la Garza enfatizó que la FGR continúa recabando datos de prueba derivados de los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses, por lo que la investigación permanece abierta y su desarrollo dependerá de la información que se obtenga tanto en México como de la cooperación internacional.
El titular de la FECOR también aclaró que la investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía no contempla posibles delitos de carácter financiero. En consecuencia, las indagatorias no incluyen la revisión del patrimonio, movimientos bancarios o situación financiera de Rubén Rocha Moya ni de las otras diez personas requeridas por Estados Unidos.
La precisión resulta relevante porque, de manera paralela, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias de los señalados. Sin embargo, Boone puntualizó que esa medida no forma parte de la investigación que conduce la FECOR respecto de la solicitud de extradición.
Con estas declaraciones, la FGR dejó claro que la investigación permanece en curso, pero reiteró que, hasta este momento, no existen elementos probatorios suficientes para satisfacer el estándar jurídico requerido por la legislación mexicana que permita proceder penalmente contra Rubén Rocha Moya con base en la solicitud presentada por Estados Unidos. El proceso continuará conforme a los mecanismos de cooperación internacional y a las disposiciones previstas en la ley de extradición vigente.
