La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo protagonizó una llamada de atención pública al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, durante un recorrido por el Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, donde le exigió priorizar a la población y el sentido común por encima de la aplicación estricta de las reglas administrativas.
El intercambio ocurrió mientras la mandataria atendía inconformidades relacionadas con las restricciones dentro del área natural protegida y con las dificultades que enfrentan prestadores de servicios turísticos para continuar con sus actividades. En ese contexto, Sheinbaum cuestionó al funcionario por los tiempos previstos para resolver uno de los conflictos y le ordenó acelerar la respuesta.
De acuerdo con los reportes sobre el recorrido, la presidenta pidió que el problema con los prestadores de servicios turísticos quedara resuelto antes de que terminara julio, luego de que se planteara un plazo más prolongado para atenderlo. La mandataria rechazó esperar varios meses y demandó una solución más rápida.
En otro momento del recorrido, Sheinbaum volvió a dirigirse a Álvarez Icaza y le reclamó la forma en que se estaban aplicando las disposiciones en el Parque del Jaguar.
“Mira, hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal”, le dijo la presidenta al titular de la Conanp.
Acto seguido, remató con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que generó cuestionamientos por el mensaje que implica para la aplicación de las disposiciones legales y administrativas:
“No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”.
La declaración fue pronunciada mientras habitantes y prestadores de servicios exponían sus inconformidades por las restricciones vigentes dentro del área natural protegida. La Conanp mantiene reglas específicas para la operación y visita del área, entre ellas el respeto a la señalización y a los senderos establecidos, así como la contratación de prestadores autorizados para determinadas actividades turísticas.
El episodio abrió un debate sobre el límite entre la aplicación de las normas y la obligación de las autoridades de atender las necesidades de la población. La presidenta planteó que las reglas no deben convertirse en un obstáculo para resolver conflictos sociales, particularmente cuando su aplicación, desde su perspectiva, puede terminar afectando a quienes viven o trabajan en la zona.
La escena también colocó bajo la lupa la relación entre la protección ambiental, la actividad turística y las decisiones administrativas en Tulum, un destino donde las restricciones para ordenar el crecimiento y proteger los ecosistemas han generado disputas entre autoridades, habitantes y prestadores de servicios.
La frase de Sheinbaum evocó, para algunos críticos, el debate político que en años recientes ha acompañado a la expresión “la ley es la ley”, utilizada para defender el cumplimiento estricto del marco jurídico incluso cuando existen consecuencias políticas o sociales. Sin embargo, en el caso de Tulum, la presidenta sostuvo públicamente una postura distinta: que el ejercicio de gobierno debe atender a las personas y al sentido común cuando la aplicación de una norma se contrapone a la solución de un problema.
El llamado presidencial ocurrió durante una gira de trabajo por Quintana Roo, en la que Sheinbaum también presentó medidas relacionadas con el acceso al Parque del Jaguar y con el ordenamiento de la zona turística y ambiental. Entre los cambios anunciados se encuentran ajustes a las tarifas de acceso y al transporte interno, además de acciones para facilitar la visita al área y reorganizar algunos de sus accesos.
La instrucción dirigida al titular de la Conanp, no obstante, fue la que concentró la atención pública. El intercambio quedó registrado en video y mostró a la presidenta confrontando directamente al funcionario por la respuesta institucional a las quejas de los prestadores de servicios turísticos.
Así, la visita al Parque del Jaguar dejó una pregunta abierta sobre el alcance de la instrucción presidencial: ¿se trató de un llamado a flexibilizar procedimientos administrativos para atender a la población o de una orden explícita de ignorar disposiciones vigentes?
