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Cuestiona Frente de Pueblos a Harfuch por vinculación tardía de exalcalde de Temoac con el caso Samir Flores

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala dirigió una carta pública al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que cuestionó el manejo de las investigaciones relacionadas con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y reclamó que, después de siete años de exigir justicia, las autoridades federales apenas reconocieran públicamente la presunta vinculación del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, con ese crimen
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El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala dirigió una carta pública al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que cuestionó el manejo de las investigaciones relacionadas con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y reclamó que, después de siete años de exigir justicia, las autoridades federales apenas reconocieran públicamente la presunta vinculación del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, con ese crimen.

El posicionamiento fue difundido dos días después del asesinato de Lavín Romero y ocurre tras la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio García Harfuch en Cuernavaca, Morelos, donde se presentaron resultados de la estrategia federal de seguridad en la entidad. Durante ese encuentro, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el alcalde de Temoac era investigado por su probable participación en la célula delictiva conocida como “Los Aparicio”, así como por su posible relación con los homicidios de Samir Flores y Sandra Camacho.

Para el Frente de Pueblos, ese reconocimiento público representa la confirmación de una denuncia que, asegura, sostuvo durante siete años sin obtener respuesta de las autoridades. En la carta, la organización afirma que desde 2019 señaló la presunta participación de Lavín como integrante del grupo criminal “Los Aparicio”, al que atribuye vínculos con el asesinato del comunicador y defensor del territorio, ocurrido el 20 de febrero de ese año en Amilcingo, municipio de Temoac.

No obstante, el colectivo sostuvo que las declaraciones de García Harfuch evidenciaron, a su juicio, un desconocimiento sobre el estado procesal de la investigación. Señaló que el funcionario afirmó que la Fiscalía General del Estado de Morelos llevaba las indagatorias sobre el caso Samir Flores, cuando, de acuerdo con el Frente, desde hace tres años el expediente fue atraído por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La organización sostuvo que esa situación refleja el escaso interés institucional que, desde su perspectiva, ha existido para esclarecer los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y de derechos humanos. Asimismo, aseguró que la impunidad en este tipo de delitos continúa siendo elevada y reprochó que las autoridades únicamente hayan reconocido la presunta responsabilidad de Lavín después de su muerte.

En el documento, el Frente también cuestionó si las recientes acciones de seguridad emprendidas en Morelos forman parte de un verdadero desmantelamiento de estructuras criminales o si únicamente representan una reconfiguración de los grupos delictivos que operan en el oriente del estado. En ese contexto, preguntó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario García Harfuch si las investigaciones alcanzarán a toda la estructura de “Los Aparicio” y si habrá acciones para impedir que personas relacionadas con ese grupo mantengan el control político y territorial en Temoac.

La carta sostiene que quienes asumirán la administración municipal pertenecen al mismo entorno político y criminal que, según la organización, encabezaba Valentín Lavín, por lo que demandó acciones concretas para impedir la continuidad de esas redes.

El Frente reiteró además su exigencia para que las investigaciones no concluyan con la muerte del exalcalde y alcancen a quienes considera autores intelectuales del asesinato de Samir Flores. En ese sentido, pidió que se continúen las indagatorias contra personas identificadas por la organización como integrantes de la estructura conocida como “Los Aparicio”, así como contra una persona a quien identifica como “La Patrona”, a quien señala de presunta participación en el caso.

Asimismo, manifestó preocupación porque, según su interpretación, la muerte de Lavín y de otras personas relacionadas con el expediente podría afectar el esclarecimiento de los hechos al desaparecer posibles testigos o presuntos responsables materiales que, afirma, podrían aportar información sobre la cadena de mando detrás del homicidio.

En la parte final del documento, el Frente amplió sus señalamientos al sostener que la investigación debe alcanzar a exfuncionarios federales y estatales a quienes atribuye responsabilidad política en el contexto que rodeó el asesinato de Samir Flores y la implementación del Proyecto Integral Morelos (PIM). Entre los nombres mencionados por la organización figuran el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el exdelegado federal Hugo Eric Flores Cervantes y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos forman parte del posicionamiento político del Frente y no corresponden a determinaciones judiciales ni a imputaciones formuladas por autoridades ministeriales.

La organización también reiteró su rechazo al Proyecto Integral Morelos, al considerar que la presencia de grupos delictivos en la región estuvo vinculada con la imposición de esa obra de infraestructura. Además, exigió la liberación de Jesús Plácido Galindo, integrante del Congreso Nacional Indígena, y pidió el retiro de organizaciones criminales tanto del oriente de Morelos como de otras regiones del país.

Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio en Amilcingo, Morelos, un día antes de la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos. Su homicidio continúa bajo investigación federal y ha sido considerado por organizaciones nacionales e internacionales como uno de los casos emblemáticos de violencia contra personas defensoras del territorio y del medio ambiente en México. La Fiscalía General de la República mantiene abierta la carpeta de investigación y, hasta el momento, no ha informado públicamente sobre una resolución definitiva del caso ni sobre la judicialización de presuntos autores intelectuales.

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