El Gobierno de México ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas particulares que operen bajo un modelo o denominación militarizada. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para que ningún plantel civil continúe ofreciendo servicios educativos con nombres o esquemas como “Militar”, “Militarizada”, “Castrense” o similares.
La decisión, de acuedo a lo declarado por las autoridades educativas, responde a diversas investigaciones y denuncias que evidenciaron presuntas prácticas incompatibles con el modelo educativo nacional y con los derechos de la infancia.
El anuncio se produce semanas después del fallecimiento de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas. El caso generó una amplia revisión sobre el funcionamiento de estos planteles privados.
De acuerdo con la SEP, la educación con enfoque militar impartida por instituciones particulares no corresponde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo modelo privilegia una formación humanista, incluyente y basada en la cultura de paz.
El caso Dafne detonó la decisión del Gobierno federal
La muerte de la menor en julio de 2026 marcó un punto de inflexión en la revisión de las escuelas militarizadas.
Las autoridades federales señalaron que este caso se suma a otros decesos ocurridos en instituciones similares en el Estado de México, en 2023, y Morelos, en 2025, donde también se denunciaron presuntos actos de violencia y maltrato contra estudiantes.
Estas situaciones llevaron a la SEP a reforzar la supervisión de los planteles privados que operaban bajo este modelo.
Abusos y falta de regulación, entre las principales causas
Además de los casos de fallecimiento, diversas auditorías y denuncias ciudadanas documentaron presuntos abusos físicos, castigos excesivos y maltrato psicológico ejercidos bajo el argumento de mantener la disciplina.
La Secretaría de Educación Pública concluyó que estas prácticas son incompatibles con el interés superior de la niñez y con los principios establecidos en la legislación educativa mexicana.
Otro de los elementos que influyeron en la decisión fue que varias escuelas privadas promovían una supuesta relación con las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró que no supervisa ni regula este tipo de instituciones educativas particulares y que la formación militar oficial únicamente se imparte en los planteles pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México y la Guardia Nacional.
La SEP fija el 31 de agosto como fecha límite
La dependencia federal instruyó a las autoridades educativas estatales revisar los permisos y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los planteles que operan bajo estas modalidades.
El objetivo es garantizar que, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución civil continúe ofreciendo servicios educativos con denominaciones relacionadas con la formación militar.
Asimismo, la SEP reiteró que la educación castrense legítima únicamente corresponde a las instituciones oficiales de las Fuerzas Armadas.
¿Qué deben hacer las escuelas con los alumnos y padres de familia?
Las instituciones que dejarán de operar deberán cumplir diversas obligaciones legales para proteger los derechos de los estudiantes.
Los planteles tendrán que proporcionar de manera inmediata los certificados, constancias, historiales académicos y demás documentación necesaria para que los alumnos puedan continuar sus estudios en otra institución sin afectar su trayectoria escolar.
La SEP informó que acompañará el proceso de reubicación para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.
Además, las escuelas estarán obligadas a devolver los recursos económicos que las familias hayan pagado por adelantado para el ciclo escolar 2026-2027.
Esto incluye conceptos como inscripciones, reinscripciones, uniformes, materiales o cualquier otro servicio que no pueda ser prestado debido al cierre definitivo.
Una medida alineada con estándares internacionales
La decisión del Gobierno mexicano también responde a recomendaciones internacionales en materia de derechos de la infancia.
Desde 2011, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas había recomendado a México separar la educación básica de cualquier esquema de instrucción militar, al considerar que la formación de niñas, niños y adolescentes debe desarrollarse en entornos que promuevan el respeto a los derechos humanos, la convivencia pacífica y el desarrollo integral.
Con esta determinación, la SEP busca fortalecer el sistema educativo nacional y garantizar que todas las escuelas particulares operen bajo criterios compatibles con la legislación mexicana y los compromisos internacionales suscritos por el país.
