El periodista de investigación, académico y fundador del proyecto Condición 1SQ, Roberto Celaya Figueroa, sostiene desde hace más de cuatro años una disputa jurídica derivada de las denuncias que presentó contra funcionarios del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) por presuntos actos de corrupción. Mientras los recursos promovidos por el comunicador para investigar un supuesto quebranto patrimonial superior a los 14 millones de pesos permanecen sin avances, el propio Celaya ha enfrentado diversos procesos penales que, de acuerdo con resoluciones judiciales, han terminado favorablemente para él.

El caso ha sido presentado por el periodista como un ejemplo de presunta utilización del aparato de procuración de justicia para inhibir investigaciones sobre posibles actos de corrupción en Sonora, entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado públicamente sobre alguna investigación derivada de las denuncias promovidas por Celaya respecto del manejo de recursos en el ITSON.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio periodista y con resoluciones judiciales referidas en el caso, desde 2022 presentó cuatro denuncias formales contra funcionarios de la institución educativa por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, dichas denuncias no han prosperado debido a que distintos jueces de control y de amparo determinaron que Celaya carece de legitimación procesal para impulsarlas, al considerar que la presunta víctima sería el propio Instituto Tecnológico de Sonora y no un particular.

Mientras esas denuncias permanecen sin avances, el comunicador ha enfrentado diversas causas penales.

Uno de los primeros expedientes fue la causa penal 1184/2023, en la que fue detenido y encarcelado por el delito de violación a la intimidad. La acusación surgió después de que grabó un video dentro de las oficinas del Órgano Interno de Control del ITSON durante un horario de atención pública y con presencia de servidores públicos. El material fue utilizado posteriormente como elemento de defensa dentro de un procedimiento administrativo. El asunto concluyó con una resolución favorable al periodista mediante un juicio de amparo.

Posteriormente, el vicerrector administrativo del ITSON presentó otra denuncia, también por presunta violación a la intimidad. El origen fue una captura de pantalla realizada durante una reunión institucional celebrada por la plataforma Zoom, dirigida a trabajadores de la universidad, en la que se expusieron datos relacionados con incrementos salariales. Celaya utilizó esa imagen para cuestionar las cifras difundidas mediante publicaciones en redes sociales y grupos de mensajería. De acuerdo con su versión, la crítica estaba dirigida a la información financiera presentada y no a la persona del funcionario cuya imagen aparecía de manera incidental. Este procedimiento también concluyó con un amparo favorable al periodista.

En 2024 se abrió una tercera carpeta de investigación en su contra, identificada con el número NUC SON/COB/FGE/2024/098/59598, por el presunto delito de amenazas. Según Celaya, la denuncia tuvo origen en la difusión de un meme. Además de admitir la querella, el Ministerio Público dictó medidas de protección que, según el periodista, restringían significativamente su movilidad, sus comunicaciones y el uso de redes sociales, bajo advertencia de enfrentar nuevas consecuencias penales en caso de incumplimiento.

Celaya ha sostenido públicamente que esas medidas afectaron directamente su actividad periodística, pues decidió suspender las publicaciones de un grupo de Facebook dedicado a documentar investigaciones relacionadas con el ITSON para evitar posibles acusaciones por incumplimiento de las restricciones impuestas por la autoridad ministerial.

A la serie de procesos judiciales se sumó también, según el periodista, la terminación de su relación laboral con la institución, hecho que atribuye a las denuncias que promovió por presuntas irregularidades administrativas.

El expediente más reciente corresponde a la causa penal 3448/2026, iniciada por el presunto delito de falsedad de declaraciones ante el Instituto Sonorense de Transparencia. El proceso concluyó con un auto de no vinculación a proceso dictado por la autoridad judicial.

Durante la audiencia celebrada el 6 de julio de 2026, la Fiscalía solicitó un receso pocos minutos después de iniciar la formulación de imputación al advertir una incorrecta clasificación jurídica del delito originalmente expuesto. Tras modificar la imputación, los representantes legales del ITSON presentaron como argumento diversas denuncias previamente archivadas contra Celaya para solicitar medidas cautelares más severas, incluida la prisión preventiva, al considerar que existía un patrón reiterado de conflictos con autoridades.

Asimismo, solicitaron restricciones para impedir que el periodista pudiera acercarse o comunicarse con integrantes de la comunidad universitaria, además de imponerle la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad.

Finalmente, la jueza resolvió no vincularlo a proceso al concluir que la Fiscalía no acreditó los elementos necesarios para demostrar el perjuicio exigido por el tipo penal, además de señalar que el propio ITSON era quien se consideraba víctima directa dentro del procedimiento.

Celaya también ha señalado que desde febrero de 2025 remitió diversos escritos a la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para denunciar lo que considera medidas de protección desproporcionadas. Copias de esos documentos, afirma, fueron enviadas al gobernador Alfonso Durazo, al secretario de Gobierno, al fiscal estatal, al vicefiscal y a autoridades regionales, sin obtener respuesta pública.

El periodista sostiene que los procedimientos emprendidos en su contra constituyen una forma de persecución judicial derivada de las denuncias que presentó por presuntos actos de corrupción dentro del ITSON. Diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, Amnistía Internacional y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, han documentado en distintos informes el uso indebido de mecanismos judiciales y penales como una forma de presión contra periodistas y personas críticas del poder público, aunque no se han pronunciado específicamente sobre este expediente.

Consultado sobre si, después de los procesos enfrentados, considera que ha valido la pena continuar con sus investigaciones, Celaya respondió que, pese a las consecuencias personales y profesionales, mantener la denuncia representa una obligación frente al avance de la corrupción y una responsabilidad con las futuras generaciones.

Respecto a la afirmación incluida en el planteamiento sobre una supuesta investigación en Estados Unidos contra el gobernador Alfonso Durazo relacionada con un terreno en San Luis Río Colorado y un presunto centro de inteligencia chino, no existe hasta el momento información oficial o evidencia pública verificable que confirme la existencia de una investigación formal por parte de autoridades estadounidenses, por lo que ese señalamiento no puede presentarse como un hecho acreditado.