Una filtración de documentos internos atribuida al Gobierno de Sonora exhibe una presunta estrategia de contratación de medios de comunicación mediante la cual la administración del gobernador Alfonso Durazo habría destinado más de 270 millones de pesos durante 2025 a empresas periodísticas, portales digitales, estaciones de radio y medios nacionales. Entre los casos señalados destaca el del proyecto mediático Canal Red, encabezado por el político español Pablo Iglesias, que habría recibido 4.5 millones de pesos, de acuerdo con información difundida por la periodista Dolia Estévez.
La información fue publicada por Estévez en su cuenta de X y retomada por Eje Central. Según la periodista, el documento filtrado contiene un listado de 209 contratos abiertos con medios de comunicación, la mayoría presuntamente asignados por adjudicación directa. El material clasifica a los beneficiarios por tipo de medio y consigna montos destinados a páginas web, estaciones de radio, medios nacionales y otros rubros.
Con base en ese documento, el gasto total superaría los 270 millones de pesos. Del total, alrededor de 98 millones habrían sido destinados a 175 páginas web; aproximadamente 92 millones a 30 estaciones de radio y cerca de 84 millones a 17 medios nacionales. Entre estos últimos, Televisa aparece como el medio con la mayor asignación, con alrededor de 20 millones de pesos.
Dentro del apartado correspondiente a páginas web, el documento ubica al Sistema Estatal de Información Web S.A. de C.V., identificado con el portal Proyecto Puente, como el principal receptor con cerca de 9 millones de pesos. En segundo lugar aparece Agitprop Iglesias & Armendáriz S. de R.L. de C.V., empresa vinculada con Canal Red, que habría recibido 4.5 millones de pesos del gobierno sonorense durante 2025.
La publicación sostiene además que el documento incorpora observaciones internas sobre el desempeño de los medios contratados. Entre las anotaciones reproducidas por Estévez aparecen frases como “colaborativo y afín al gobierno”, “ayuda a golpear”, “ayuda en mañaneras”, “colaborador y apoya”, “quiere aumento”, “analizar sacarlo, no colaborativo” o “no ayuda mucho”. La periodista interpreta esos comentarios como evidencia de que las asignaciones responderían al nivel de respaldo editorial brindado a la administración estatal.
En el caso específico de Pablo Iglesias, la periodista señala que el contrato correspondiente no aparece disponible en plataformas públicas ni tampoco la factura relacionada con el pago referido. Asimismo, sostiene que Agitprop volvió a recibir asignaciones durante 2026, aunque precisa que esos recursos corresponderían a estimaciones y parcialidades cuyos pagos aún no se habrían concretado.
Estévez también afirma que, desde la instalación de las oficinas mexicanas de Canal Red en la colonia Condesa de la Ciudad de México, el exvicepresidente del Gobierno de España y fundador del partido Podemos habría recibido más de 10 millones de pesos provenientes de recursos públicos mexicanos. Esa cifra, según su publicación, resulta de sumar los 4.5 millones de pesos atribuidos al Gobierno de Sonora y aproximadamente 5.6 millones de pesos que, asegura, habría recibido del Gobierno federal durante 2025 y 2026, con base en información parcial de ComprasMX.
La periodista sostiene además que otros gobiernos estatales encabezados por Morena, entre ellos Oaxaca, Veracruz y Michoacán, también habrían celebrado contratos con el proyecto encabezado por Iglesias, aunque reconoce que no existen registros públicos sobre los montos correspondientes.
Respecto al contexto político, Estévez vincula la filtración con el momento que atraviesa el gobernador Alfonso Durazo, quien ha rechazado versiones periodísticas publicadas por medios estadounidenses sobre una supuesta investigación de autoridades de Estados Unidos relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. Tanto Los Angeles Times como The New York Times han publicado reportes sobre ese tema, mientras que el mandatario sonorense ha sostenido públicamente que no existe investigación formal, orden de aprehensión ni pruebas en su contra.
