La decisión de incorporar el logotipo del Gobierno de México en 3 mil 600 millones de medicamentos tendría un costo estimado de 10 mil millones de pesos, de acuerdo con señalamientos realizados por el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien cuestionó que estos recursos se destinen a la impresión de imagen institucional en los empaques mientras persisten retos en el abasto de insumos médicos y el proceso de adquisición para los próximos años.

El legislador sostuvo que la medida comenzaría a aplicarse en 2027, año en el que se llevarán a cabo las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos locales, por lo que consideró que el uso del logotipo gubernamental en los medicamentos responde a una estrategia de promoción política y no a una política pública orientada a fortalecer el sistema nacional de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la incorporación de elementos de identificación en los medicamentos busca combatir el robo y la reventa de estos productos. Sin embargo, Ramírez Barba rechazó esa explicación al afirmar que el combate a estos delitos debería sustentarse en reformas legales que incrementen las sanciones contra quienes participan en el robo, la falsificación y la comercialización ilegal de medicamentos provenientes del sector público.

El diputado aseguró que durante los últimos años Morena ha rechazado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados diversas iniciativas presentadas por legisladores de oposición para endurecer las penas por estos delitos, bajo el argumento de que no eran necesarias. A su juicio, ello contradice la justificación ofrecida por el Gobierno federal para destinar recursos a la impresión del logotipo oficial en los empaques.

De acuerdo con el posicionamiento del legislador, el desembolso de 10 mil millones de pesos se realizaría mientras la compra consolidada de medicamentos para 2027 y 2028 avanza con retrasos y, según afirmó, todavía existen incertidumbres sobre la garantía del abasto correspondiente a 2026. En ese contexto, sostuvo que la prioridad debería centrarse en asegurar el suministro oportuno, la calidad de los medicamentos, el control sanitario y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Ramírez Barba también vinculó esta decisión con otros programas impulsados por la actual administración, como Farmacias del Bienestar, Salud Casa por Casa y el Servicio Universal de Salud, al considerar que forman parte de una estrategia de identificación gubernamental en la prestación de servicios públicos.

Hasta el momento, el Gobierno de México ha defendido la incorporación de elementos de identificación en medicamentos al señalar que contribuirán a mejorar la trazabilidad de los insumos y a reducir su desvío hacia el mercado ilegal. Por su parte, la estimación sobre un costo de 10 mil millones de pesos y las críticas sobre el uso de esos recursos corresponden al posicionamiento expresado por el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba.