El Gobierno de México desplegó 1,557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en las principales regiones aguacateras de Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las inspecciones de seguridad para exportar el fruto.
El contingente está integrado por 900 elementos del Ejército Mexicano y 657 de la Guardia Nacional, quienes comenzaron su traslado por vía terrestre para reforzar las tareas de vigilancia.
La decisión ocurre en un momento especialmente delicado para la industria, debido a que la seguridad de los funcionarios estadounidenses que participan en las inspecciones se convirtió en un factor determinante para mantener abierto el flujo comercial hacia Estados Unidos.
¿Por qué desplegaron militares en las zonas aguacateras?
El operativo busca responder a dos problemas que se encuentran estrechamente relacionados: la inseguridad en las regiones productoras y la interrupción temporal de las inspecciones necesarias para exportar aguacate al mercado estadounidense.
Las autoridades mexicanas pretenden aumentar la presencia federal en las zonas donde productores, transportistas y empresas empacadoras han denunciado durante años problemas de extorsión y cobro de piso.
Pero el objetivo inmediato también es crear las condiciones de seguridad que permitan el regreso de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La medida del Gobierno estadounidense representa un riesgo para la cadena de exportación del aguacate mexicano.
Las inspecciones son necesarias para certificar que los cargamentos cumplen con los requisitos establecidos antes de ingresar al mercado estadounidense. Su suspensión puede provocar retrasos en los envíos y afectar a productores y empresas vinculadas con la comercialización del fruto.
Por ello, el Gobierno mexicano busca demostrar que las regiones productoras cuentan con condiciones suficientes para que los funcionarios estadounidenses puedan retomar sus actividades.
Michoacán refuerza la seguridad en nueve municipios
Los elementos federales serán desplegados en nueve municipios prioritarios incluidos dentro de la jurisdicción de la 21/a. Zona Militar.
Las operaciones de patrullaje, reconocimiento terrestre y disuasión abarcarán Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.
La estrategia contempla vigilancia en carreteras y zonas productivas, así como protección para infraestructura relacionada con la cadena de distribución del aguacate.
También se prevé acompañamiento en puntos de verificación sanitaria vinculados con el proceso de exportación.
El otro frente: la extorsión al sector aguacatero
El despliegue militar no responde únicamente a la preocupación generada por los inspectores estadounidenses.
La industria aguacatera michoacana enfrenta desde hace años la presión de organizaciones criminales que buscan obtener ganancias mediante extorsiones, cobro de piso y control de actividades productivas y logísticas.
Huertas, transportistas, empacadoras y comerciantes forman parte de una cadena que mueve importantes cantidades de dinero y que se ha convertido en objetivo de grupos delictivos.
Por ello, uno de los objetivos del operativo será aumentar la capacidad de vigilancia y reducir los riesgos para quienes participan en la producción y distribución del llamado “oro verde”.
¿Qué está en juego para México?
La disputa por la seguridad de las zonas aguacateras tiene también una dimensión económica.
Estados Unidos representa el principal mercado para el aguacate mexicano, por lo que cualquier interrupción en los procesos de inspección puede repercutir en toda la cadena productiva.
El problema comienza en las huertas, pero puede extenderse a empacadoras, transportistas, trabajadores y empresas dedicadas a la exportación.
La suspensión de las inspecciones, por tanto, no representa únicamente un asunto diplomático o de seguridad. También supone un riesgo para uno de los principales sectores agroalimentarios de Michoacán.
